La XIII legislatura ha arrancado este martes con una imagen inédita hasta ahora: la presencia de políticos presos en el Hemiciclo durante la sesión constituyente, que han sido ovacionados a su llegada por la bancada independentista. Una situación que partidos como PP y Ciudadanos no quieren que se repita, por lo que ambas formaciones han solicitado a la Mesa del Congreso la suspensión como diputados a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez.

La Sala que juzga el 'procés' en el Tribunal Supremo deja en manos de las Cámaras la decisión sobre la suspensión, pero hace hincapié en que el Reglamento del Congreso de los Diputados prevé la situación de un diputado que se halle en situación de prisión preventiva "y que ello implique la suspensión de sus derechos y deberes parlamentarios".

Es esta postura la que defienden tanto PP como Ciudadanos. El líder del partido naranja, de hecho, ha incidido este martes en las "suspensión automática" por "sentido común". Pese a que su situación es de prisión provisional, Albert Rivera ha señalado ante los medios que los españoles "no se merecen pagar con sus impuestos el sueldo de los que están procesados por rebelión" y que esta decisión no da lugar a debate puesto que hay una ley, ha recordado, que incluye este supuesto: "Cuando se procesan se suspenden automáticamente. No hay debate, está resuelto", ha recalcado. Por ello, ha avanzado que su partido pedirá a la Mesa que se reúna para tomar esta decisión cuando acabe el Pleno.

Pablo Casado ha sido incluso más rotundo y en una entrevista en Onda Cero ha anunciado que pedirá a la Fiscalía que actúe por lo que considera "una burla" de los políticos presos. El líder del PP ha denunciado que es una "anomalía legal, constitucional y parlamentaria" que unos presos preventivos por "supuestamente un golpe al Estado" acudan al Congreso de los Diputados a "un acto de propaganda", una situación que, a su juicio, es "como si Armada y Tejero estuvieran haciendo política", algo preocupante para cualquier democracia moderna.

El Ejecutivo, por su parte, no considera tenga que tomar posición sobre la suspensión de los políticos presos ya que considera "obvia" esta decisión. La propia vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha recordado que en aplicación del Reglamento del Congreso, los diputados independentistas presos no puede ejercer su función, por lo que, a su juicio, no corresponde al Gobierno tomar ninguna decisión al respecto.

Calvo ha destacado que el Reglamento del Congreso establece "claramente" que la situación de prisión preventiva es una "causa de suspensión" de las funciones parlamentarias. "El Poder Ejecutivo no tiene en esto ninguna determinación que tomar, esa es la realidad jurídica y política que conoce todo el mundo", ha insistido.

Esta postura contrasta con la de su socio de gobierno, Unidas Podemos, quien defiende que los diputados independentistas en prisión preventiva ejerzan su funcion "con normalidad", en palabras del líder del partido, Pablo Iglesias. Éste ha recordado que los diputados que están prisión son parlamentarios porque han sido elegidos por los ciudadanos y, por tanto, deberían poder ejercer su función "en libertad" como el resto.

Ha subrayado, además, que los parlamentarios independentistas aún no han sido condenados y están en prisión preventiva, por lo que, en su opinión, no deberían tener limitados sus derechos, no obstante, ha reconocido que la Mesa del Congreso debe hacer cumplir el reglamento.

Éstas no han sido las únicas reacciones sobre la presencia por primera vez de diputados presos. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha defendido que los parlamentarios ejerzan sus derechos libremente y ha arremetido, en cambio, contra su situación de prisión provisional, que "no tiene ningún sentido", ha destacado. A su juicio, los presos de ERC y de JxCAT que este martes asisten al Parlamento "deberían estar en libertad".

Una postura que ha defendido tajante también la diputada electa de JxCat Laura Borràs, que ha ido un paso más allá catalogando esta situación inédita como "la vergüenza de la democracia española". Borràs critica que los tres diputados de su partido que "en teoría gozan de inmunidad parlamentaria, estén en la cárcel". En su opinión, resulta incomprensible que "unos políticos que tenían sus derechos civiles y políticos intactos y han podido concurrir a las elecciones, una vez los ciudadanos les han elegido y facultado con su voto, no puedan ejercerlo y hoy estén custodiados por la policía hasta que vuelvan a la cárcel".

No ha querido guardar silencio sobre este asunto el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que en una entrevista a Europa Press ha apelado al PSC a garantizar los derechos de los presos independentistas electos que han recogido su acta en el Congreso y, en consecuencia, que no les suspendan como diputados. "Espero que en el PSC sean coherentes y garanticen el derecho de las minorías ahora que tienen la oportunidad de demostrarlo porque parece que presidirá el Congreso", ha subrayado.

Confía en que la Mesa, bajo la presidencia de Meritxell Batet, no les suspenda aunque "espera de todo" por parte del Estado. Puigdemont ha considerado que no se les puede desposeer del derecho que han adquirido tras las elecciones generales, en su opinión, de forma legal, legítima y contundente.