La Fiscalía mantendrá la acusación de rebelión para los encausados por el 1-O en el Tribunal Supremo, en la línea de lo que ya pedía en sus conclusiones provisionales, según han avanzado varios medios como la Cadena Ser o 'El Independiente'.
El ministerio público considera que la rebelión ha quedado probada durante el juicio gracias a los testigos de policías nacionales y guardias civiles, porque se ha acreditado la existencia de una violencia que los procesados permitieron y utilizaron para conseguir la independencia de Cataluña. También quedan probados, a su parecer, los delitos de malversación y desobediencia.
Los cuatro fiscales del caso todavía tienen que reunirse para fijar los detalles de su informe final y de las calificaciones definitivas, pero no modificarán, según estos medios, la acusación de rebelión contra los principales encausados.
En todo caso, el Ministerio Fiscal lo hará invocando la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que este martes ha rechazado la demanda presentada por Carles Puigdemont, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y otros 74 diputados contra la anulación del pleno de octubre de 2017 en el que se iba a declarar la independencia de Cataluña.
La Corte europea afirma en su decisión que la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional era "necesaria en una sociedad democrática" para "mantener la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades ajenas".
El Ministerio Público planea elevar a definitivas sus conclusiones provisionales, de manera que no tiene intención de renunciar a la acusación por rebelión, como tampoco lo hará con la malversación y la desobediencia, si bien los cuatro fiscales del caso aun deben reunirse para perfilar los detalles de su escrito.
Entienden que a la vista del desarrollo del juicio, los tres delitos han quedado más que probados, aunque aun falte por desarrollar la prueba documental y los trámites de informes y última palabra.
La Fiscalía pide 25 años de prisión para el exvicepresidente Oriol Junqueras; 17 años para los Jordis y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; 16 años para cada uno de los cinco exconsellers presos, estos son Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa; mientras que para los otros tres exconsellers -Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila- el Ministerio Público pide 7 años de prisión
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