La Unión Europea podría multar a España si acaba con Madrid Central sin un plan alternativo

Revertir Madrid Central a su estado anterior a la reforma podría costarle muy caro a las arcas españolas.

Si no se proponen medidas alternativas que sean convincentes para reducir la contaminación en la capital, la Comisión Europea podría reactivar el mismo procedimiento sancionador contra España que ya ha llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a países como Francia, Alemania o Reino Unido por incumplimientos reiterados en los niveles máximos de contaminación permitidos.

En mayo del año pasado, la Comisión decidió excluir a España de este grupo porque consideró que las medidas que se estaban tomando para reducir la contaminación parecían «adecuadas para las carencias detectadas».

Esas carencias que señalaba el organismo en su advertencia se referían a tres zonas del país en las que los valores de dióxido de nitrógeno –un gas tóxico que afecta al sistema respiratorio– superaban los umbrales permitidos por la unión: una en Madrid y dos en Barcelona.

Las promesas de poner en marcha zonas de bajas emisiones en las dos ciudades más pobladas de España –Madrid Central, que entró en vigor en noviembre de 2018 y la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona, en 2017, con la promesa de endurecerla en 2020– calmó a Bruselas, que decidió no llevar a juicio a España. Igualmente, el organismo europeo dejó claro que seguiría "supervisando de cerca la ejecución de dichas medidas así como su eficacia".

La viabilidad de la derogación total de Madrid Central, uno de los planes estrella con los que se presentaron a las elecciones formaciones como el Partido Popular o Vox, arroja dudas.

El candidato a la alcaldía por el PP, José Luis Martínez Almeida ya ha anunciado su intención de revertir Madrid Central a su estado anterior –las cuatro Áreas de Prioridad residencial de Ópera, Cortes, Embajadores y Letras– si finalmente accede a la alcaldía de Madrid.

La alternativa de Almeida para reducir la contaminación centra su foco de actuación fuera de la M-30. Prevé la creación de aparcamientos disuasorios, de nuevos carriles Bus-VAO e incentivos fiscales al teletrabajo y a la renovación de la flota de vehículos más contaminantes.

Otro gran escollo que se encontraría una hipotética nueva administración si desea acabar con Madrid Central es el de las mayorías.

El Partido Popular y Vox se han manifestado totalmente a favor de la volver al escenario anterior, pero desde Ciudadanos, Begoña Villacís no es partidaria de una reversión total y se niega a pensar«que haya que volver a quitar las aceras de Gran Vía».

Para derogar la normativa que aprobó la administración de Carmena sería necesaria una mayoría absoluta del pleno. Desde el consistorio, la delegada en funciones de Medioambiente y Movilidad, Inés Sabanés, calificó de "bravatas" las ideas del PP y aseguró qué Madrid Central está incluido en un plan «obligatorio por normativa europea y estatal».

El eurodiputado por la formación ecologista Equo, Florent Marcellesi fué aún más allá y aseguró que "España se libró de una multa por los planes de contaminación de Madrid y Barcelona". Desde Ecologistas en Acción cifran las sanciones que podría enfrentar España sin los planes anticontaminación de Madrid y Barcelona en 200 millones de euros anuales.

Madrid Central ha sido uno de los puntos clave en la campaña a las municipales e incluso se especula con que podría haberle costado la alcaldía a Carmena. La entrada en vigor el pasado noviembre de las restricciones al tráfico en el distrito Centro generó grandes divisiones entre los madrileños. Sin embargo, según un sondeo del consistorio, los ciudadanos valoraron con una nota de 6,1 sobre 10 su implantación.