La Fiscalía concluye que hubo un "golpe de Estado" y la Abogacía cree que la violencia no fue "nuclear" en el 'procés'

El juicio del procés ha entrado este martes en su recta final con la presentación de los informes finales de las acusaciones que —tras cuatro meses de juicio— justificaron ante el Tribunal Supremo porqué los acusados deberían ser condenados, en opinión de la Fiscalía y de la acusación particular ejercida por Vox, por rebelión y, según la Abogacía del Estado, por sedición.

Abrió el turno el fiscal Javier Zaragoza quien defendió que "lo que sucedió en Cataluña entre marzo de 2015 y octubre de 2017 es lo que, en terminología del jurista Hans Kelse, se llama golpe de Estado".

En la lectura de su informe final, Zaragoza defendió la acusación de rebelión para los principales implicados porque ese tipo penal "no necesita violencia grave ni violencia armada"; y aseguró que el procés fue "un ataque contra el orden constitucional, no contra el orden público", por lo que —según el fiscal— no puede ser considerado una sedición.

Y sustentó la rebelión en que: "Es ni más ni menos que un pronunciamiento civil de una comunidad autónoma que se alzaba contra el Estado", apoyada en la movilización popular y en la colaboración de los Mossos en un momento trascendental como la jornada del referéndum, "imprescindible" para conseguir sus objetivos.

En otro momento de su intervención, Zaragoza rebatió las declaraciones que realizaron los 12 acusados durante sus interrogatorios. Según el fiscal, tras escucharlos "uno puede tener la sensación de que este plan ha sido una ficción o un mal sueño porque ninguno de los procesados ha querido asumir responsabilidades".

"Pero la realidad —añadió el fiscal— es que no cumplieron ni uno de los diez autos y sentencias dictados por el Tribunal Constitucional frente a los actos ilegales que iban cometiendo". En concreto, el fiscal presentó al exvicepresidente Oriol Junqueras (para quien pide 25 años de cárcel) como el "motor principal de la rebelión" dado que es quien ejercía el "liderazgo" del procés y "quien ha venido empujando desde hace muchísimo tiempo para que eso se produjera".

Sobre Jordi Sànchez y Jordi Cuixart aseguró que "fueron los reyes y señores del orden cívico en Barcelona" que "impartían órdenes a los Mossos" y "condicionaron" la actuación de la Guardia Civil en otoño de 2017. Y cargó duramente contra el exconseller de Interior de Joaquim Forn por su "actitud delictiva desde el principio hasta el final" al disponer del "control absoluto de los Mossos d’Esquadra en todo momento", cuya actuación el 1-O tildó de "montaje".

En resumen, la Fiscalía defendió que los 12 acusados utilizaron tres pilares: el Parlament, con Carme Forcadell al frente, al permitir votar las leyes anuladas por el Tribunal Constitucional; el Govern, al convocar el referéndum y creando las estructuras del Estado; y las entidades soberanistas, movilizando a la sociedad para oponerse a la actuación policial contra el 1-O.

Por su parte, la Abogacía del Estado defendió una condena por sedición al entender —al contrario que la Fiscalía— que la utilización de la violencia "como un medio de mayor intensidad que el uso de la fuerza" no fue uno de los elementos estructurales del plan llevado a cabo por parte de los encausados.

Y aseguró que para el delito de rebelión que defiende la Fiscalía se precisa un alzamiento "violento", que según esta acusación no se puede aplicar a los hechos que se juzgan en el alto tribunal. Esta postura supone una rebaja casi a la mitad de las penas solicitadas por la Fiscalía ya que se quedarían entre los  8 y 12 años de cárcel.

Cerró la sesión la acusación popular ejercida por Vox, que pidió que se castigue a los líderes independentistas con penas que sean "disuasorias, para que nunca más nadie se atreva a atentar contra el ordenamiento constitucional". Y defendió que los acusados ultimaron "el más sofisticado y novedoso proceso golpista contra un Estado de derecho". El juicio del procés se reanudará el martes 11 de junio con los informes de las defensas.