Los consejos del Defensor del Pueblo: de criticar que "no hay política de vivienda", a equiparar las apuestas con la "droga"

El Defensor del Pueblo ha publicado este martes su Informe Anual, que recoge la gestión de sus actividades y actuaciones a lo largo de 2018. El informe, presentado por Francisco Fernández Marugán refleja que se se tramitaron un 31% menos de expedientes de queja, siendo la mayoría por la calidad de los servicios públicos.

En total, se llevaron a cabo 16.998 quejas, 372 investigaciones de oficio y 327 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad. Las Comunidades autónomas que tuvieron un mayor volumen de quejas fueron la Comunidad de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña.

"Es una oportunidad de dar visibilidad a los ciudadanos y a sus preocupaciones", asegura Marugán, que reflexiona entre otros temas sobre la necesidad de una plena igualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos, la contaminación atmosférica, el peligro para los adolescentes por la proliferación y publicidad intensa de anuncios de casas de apuestas, la protección de los menores, las pensiones, la educación o la recepción y acogida de extranjeros irregulares en España.

También ha opinado que "el giro de la política económica" ha hecho descender las quejas de la ciudadanía.  A pesar de este descenso, el defensor ha subrayado que "la mejora económica aún no ha llegado a parte de la población", que ha emitido quejas "fundadas" sobre asuntos importantes como la sanidad o la vivienda.

Marugán —que ha entregado el documento a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y al presidente del Senado, Manuel Cruz—asegura las quejas "están fundadas" y reflexiona sobre la necesidad de "escuchar" las sugerencias y recomendaciones por parte de las administraciones. Estas son las ocho principales recomendaciones del Defensor del Pueblo.

A través del Informe Anual, el Defensor del Pueblo en funciones, Fernández Marugán, explica que de debería impedir que los padres con órdenes de alejamiento por maltratar a su pareja puedan disfrutar del régimen de visitas para ver a sus hijos, ya que, dice, "un maltratador nunca puede ser un buen padre".

También reflexiona en el informe sobre la necesidad de valorar el riesgo cuando una mujer denuncia maltrato, además de valorar específicamente la situación de riesgo para los niños. En cuanto a la legislación actual, el Informe Anual considera obligatorio que "se cumpla íntegramente" el Estatuto de la Víctima, que se respete el derecho a su intimidad y que se mejore la coordinación y la comunicación de los juzgados de violencia sobre la mujer con los servicios especializados de atención integral. El Defensor también urge la implantación total y en todas las provincias de unidades de valoración forense integral.

La contaminación atmosférica, junto con el ruido del transporte, de los locales de ocio, la hostelería o los espectáculos públicos han sido las quejas medioambientales más recurrentes para los ciudadanos. "Las medidas aplicadas para combatir la contaminación no siempre son bien entendidas o suficientemente explicadas a la población", por lo que "las administraciones públicas deben hacer un esfuerzo para invertir esta situación", afirma el Defensor del Pueblo.

Según el informe, en el caso de la comunidad de Madrid existe "un grave retraso en el cumplimiento de la ley de calidad del aire y de protección de la atmósfera en relación con la autorización de emisiones de las que deben disponer las instalaciones contaminantes". En gran parte, debido a que "la Administración no ha puesto en marcha todos los mecanismos previstos en la ley para que estas instalaciones se adapten a las previsiones legales", según se precisa en el informe, que sitúa en 687 las quejas ambientales tramitadas en 2018, cifra ligeramente menor a la de 2017, con 707.

La institución que representa Fernández Marugán ha recibido quejas por la publicidad constante y continua en la televisión y medios escritos de anuncios de casas de apuestas, que equipara con el "consumo del tabaco o de drogas" por los riesgos que entraña la ludopatía entre los jóvenes. Además, alega que no sólo perjudica a quién juega, sino también "a su familia y entorno".

Según el informe, las quejas manifiestan también que "no se entiende cómo los gobiernos municipales, autonómicos y del Estado permiten este tipo de publicidad". Teniendo en cuenta que no siendo su función intervenir en la disposición del ocio, y atendiendo a que los poderes públicos tienen sus potestades muy limitadas en lo que respecta a la publicidad, el Defensor del Pueblo insta a éstos a revisar que se cumple la legislación vigente en cuanto a este tema, como el artículo 43 de la Constitución Española, que habla de la protección de la salud, o el artículo 39, que versa sobre la protección social de la familia y la protección integral de los menores.

El Defensor del Pueblo recibió, en 2018, 58 quejas por la colocación de 'lazos amarillos' y otra simbología independentista. El Informe Anual del Defensor del Pueblo urge a la Generalitat, presidida por Quim Torra, y a las demás administraciones, que es necesario "respetar la neutralidad ideológica en las fachadas e interior de los edificios públicos".

Fernández Marugán recuerda a los políticos que " la apariencia de imparcialidad es complemento necesario del deber de las administraciones públicas a que se refiere el artículo 103.1 de la Constitución y el artículo 30.2 del Estatuto de Cataluña".

El Defensor del Pueblo ha reclamado un cambio en la política de vivienda, para favorecer el alquiler social a colectivos desfavorecidos. Además, ha pedido a las administraciones "más recursos y rapidez para atender situaciones de emergencia social". En su opinión "no ha habido política de vivienda" y esto ha derivado en la realidad actual, en la que las administraciones no cuentan "con viviendas suficientes para dar respuesta inmediata a las necesidades sociales más urgentes", como desahucios de unidades familiares con menores de edad.

En su informe anual, el Defensor del Pueblo ha explicado el problema de la venta de la vivienda pública a empresas privadas y ha pedido, por ello, que se creen procedimientos específicos de adjudicación de vivienda protegida para los afectados. "Son casos que requieren soluciones inmediatas ya que la necesidad de vivienda y urgencia es mayor", subraya el Defensor del Pueblo. Además, ha recomendado a comunidades autónomas y ayuntamientos que creen una base de datos única que coordine los distintos Registros Públicos de Demandantes de vivienda.

Fernández Marugán ha instado a las Administraciones a dar una "respuesta jurídica ágil y eficaz" frente a las nuevas formas de movilidad como los patinetes, que incluya las necesidades de los usuarios de la vía pública, especialmente a los más vulnerables, como niños, mayores y personas con discapacidad.

Según el CERMI, el uso masivo de los patinetes que circulan a gran velocidad por las aceras y son aparcados indebidamente, está originando obstáculos al tránsito de personas con problemas de movilidad y puede dar lugar a accidentes de consideración. Por ello, el Defensor del Pueblo se dirigió a la Dirección General de Tráfico (DGT) para conocer la regulación por parte de los entes locales, y pudo informarse sobre la Instrucción de la DGT que regula estos vehículos a nivel nacional. En el último trimestre del año 2018, se aprobaron varias ordenanzas municipales que regulan el uso de dichos vehículos.

El Defensor del Pueblo ha pedido en su Informe Anual, eximir de copago "al menos" a personas con discapacidad y a los ciudadanos con ingresos económicos de cualquier naturaleza que no superen un umbral mínimo, a determinar en función de los indicadores de riesgo de pobreza.

Además, ha pedido ajustar el copago farmacéutico al "verdadero y actual nivel de ingresos" de los ciudadanos, así como revisar los tramos de renta establecidos en el actual modelo para asignar las aportaciones de los usuarios. También defiende la exclusión del copago a pacientes con enfermedades crónicas severas, con especial referencia a los menores de edad, incluidas las enfermedades raras o poco frecuentes y las patologías degenerativas y oncológicas.

En cuanto a las políticas de inmigración, el Defensor del Pueblo advierte de los los retrasos en la tramitación de expedientes de nacionalidad, con más de 78.000 solicitudes de protección pendientes de resolver.

También menciona a  los menores extranjeros no acompañados (menas), e insiste en la urgencia de que la ley de protección a la infancia regule el procedimiento de determinación de la edad. Además, ha mostrado su preocupación por la situación de irregularidad en la que quedan estos niños cuando alcanzan la mayoría de edad y los problemas que encuentran para su inserción laboral.