Los vecinos de las Casernes de Sant Andreu exigen reactivar los equipamientos más urgentes

Las incógnitas siguen planeando sobre el inmenso solar que en su día ocuparon las cuarteles de artillería de Sant Andreu, un espacio propiedad del Consorci de la Zona Franca (CZF) y del Ajuntament que en lugar de acoger los equipamientos que en su día se anunciaron sigue estando en desuso a excepción del CUAP Isabel Roig, la Escola Eulàlia Bota y la comisaría de los Mossos d'Esquadra, que ya funcionan a pleno rendimiento.

Quedan aún en el aire demandas largamente exigidas por el barrio para esta ubicación como son el millar de viviendas protegidas prometidas así como la residencia de la tercera edad y los 160 apartamentos para este mismo colectivo, la guardería o un polideportivo. Ninguna de estas obras está licitada.

"La guardería está vinculada a la construcción de parte de los pisos protegidos porque esta ocuparía los bajos de uno de los edificios aún por construir" se lamentan desde la AAVV de Sant Andreu del Palomar, la misma que celebró el pasado viernes por la tarde el "13º aniversario de las Casernes", una protesta ciudadana bajo un reclamo "irónico" que ni el pastel que se repartió a los asistentes consiguió endulzar.

Porque desde la asociación hablan directamente de "proyecto bloqueado y papel mojado", indica a 20minutos.es Santi Serra, su presidente, que lleva todos estos años de lucha por la ocupación social de las Casernes junto a la AAVV Sant Andreu Nord-Tramuntana. Confían en que con la nueva constitución del Consistorio se pueda seguir desarrollando un proyecto que en 2018 tenía que haber estado finalizado o licitado, según los equipamientos, debido a que algunos de ellos, caso de la residencia para la tercera edad, dependen de otras administraciones que no son la municipal de Barcelona.

Cabe recordar que, desde 2004, el terreno de las antiguas Casernes es propiedad del CZF (se lo compró al Ministerio de Defensa) y que, a finales de 2015, cuando Ada Colau ya era alcaldesa, ambos organismos firmaron un convenio para reactivar la zona. En agosto del año pasado, el Ajuntament sí que presentó la finalización de la primera fase del parque Antoni Santiburcio, un espacio verde de 12.000 metros cuadrados en la zona norte de las Casernes que incorpora un 'refugio de agua' formado por 234 surtidores instalados en el suelo. Esta área verde de nueva creación finalizará la segunda fase de su construcción en enero de 2020 y ocupará un total de 22.000 metros cuadrados a los que añadir una zona de juegos infantiles y la rambla Marta Mata. Este mismo verano, se licitarán 152 viviendas dotaciones y el espacio joven también antes de que finalice este año.

Otro de los puntos que exaspera al vecindario es la presencia desde 2013 la Hermandad de los Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona en un espacio que les cedió el CZF con Xavier Trias como alcalde. La concejal de Sant Andreu, Laia Ortiz, ha dicho en diversas ocasiones que desde el distrito se ha solicitado más de 10 veces al Consorci que la desaloje. Los vecinos, por su parte, se quejan de que los niños que salen al patio de la escuela Eulàlia Bota vean los desfiles de esta hermandad. Durante la última jornada de puertas abiertas en el centro, un grupo de padres denunció ante la Fiscalía la situación que se vive con "desfiles militares y armas".

Por un lado, los vecinos proponen que, una vez desalojados previo pago de una indemnización de 30.000 euros, el espacio lo ocupe la sede de Urbanisme i Mobilitat del Ajuntament, que actualmente se encuentra en las Glòries "pagando un alquiler de 600.000 euros trimestrales", comenta Serra.

Por el otro, Ajuntament, Consorci y el Comité Olímpico Internacional (COI) mantiene la idea de edificar una zona deportiva que usaría la selección de atletas refugiados del COI en su preparación para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio del próximo 2020, según han confirmado a este diario fuentes municipales.

Los vecinos lamentan que el Consorci de la Zona Franca vendiese en 2018 a Serveis Funeraris (en un 15% municipal) el terreno que a día de hoy usan los mossos como parking y que ha de acoger también un albergue para jóvenes. La compañía pagó 4,5 millones de euros y los vecinos recogieron firmas contra una "operación privada en suelo público".