Valencia

Más de 170 entidades piden revocar la deportación por estancia irregular de la hondureña que denunció una agresión

Asimismo, las entidades han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo para denunciar la "vulneración de los derechos fundamentales y las libertades públicas, amparado por la Constitución", ha explicado Poder Migrante en un comunicado.

El escrito ha sido firmado por unos 173 colectivos migrantes, feministas y organizaciones como el Observatorio de Derechos Humanos en América Latina de la UCM, y representantes políticos, como la exdiputada Rita Bosaho (Podemos), la diputada María Dantas (ERC), la senadora Ana Surra (ERC) y el alcalde saliente de Xirivella, Ricard Barberà (Compromís).

Estas organizaciones y personalidades han mostrado su apoyo a la víctima y su petición a Fulgencio para que paralice la expulsión de la mujer, así como al Defensor del Pueblo para que "garantice el derecho de las personas migrantes en situación irregular a denunciar sin miedo a ser expulsadas, ya que una infracción administrativa no puede estar por encima de una investigación penal y la protección de las víctimas".

Asimismo, las organizaciones han rechazado la "inadmisible forma de actuar" de la Policía, pues consideran que "no procedieron a tomarle nota de su denuncia por agresión" y han instado a que se lleve a cabo una investigación sobre su actuación.

En este sentido, han expresado su "preocupación por la legitimación institucional, social y mediática de estas prácticas que empujan a la población migrante a no denunciar, ni defender sus derechos y libertades fundamentales, sobre todo cuando se trata de agresiones hacia mujeres en situación de total vulnerabilidad e indefensión".

Las organizaciones han subrayado que la mujer llegó a València hace pocos meses, huyendo de la violencia de las maras de su país, que han asesinado a varios de sus familiares, incluido un hermano y, en caso de no paralizar la expulsión, "en los próximos días podría volver a estar expuesta a esas violencias".

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