Aforamientos, inmigración y listas de espera, entre las 100 medidas de PP y Cs para gobernar en Castilla y León

PP y Ciudadanos han cerrado definitivamente su acuerdo de gobierno en Castilla y León, poco antes de la constitución de las Cortes. Los líderes de ambos partidos, Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea, han firmado un acuerdo programático con cien medidas a poner en marcha en el futuro gobierno común que contempla, entre otros aspectos, el fin de los aforamientos, una mayor limitación de mandatos y numerosas medidas sociales destinadas a inmigrantes, víctimas de violencia machista o personas dependientes.

Los aforamientos, asunto en el que Ciudadanos ha insistido desde su llegada a las instituciones hace cuatro años, es uno de los primeros puntos del acuerdo. En el caso de Castilla y León, se suprimirá este privilegio tanto en los Procuradores de las Cortes como en los miembros de la Junta.

Además, se limitarán los mandatos a ocho años a los alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes y presidentes de diputaciones provinciales de Castilla y León donde gobiernen de forma conjunta PP y Ciudadanos. "No podrán ser nombrados como titulares de una Consejería, una viceconsejería, una Secretaría General, una Dirección General o una delegación territorial de la Jutna de Castilla y León quienes ya lo hubieran sido de ese mismo puesto durante ocho años", añade el documento.

En materia de regeneración, ambos partidos han acordado estudiar la supresión de entidades públicas de la región cuyas funciones "puedan ser desempeñadas por la Administración General de la Administración Pública con igual o mayor eficacia o con igual o menor coste".

Los medios de comunicación están presentes en este acuerdo de 100 medidas, en concreto, su financiación. En este sentido, PP y Ciudadanos se comprometen a hacer público el reparto económico de forma que pueda ser consultada con facilidad. Además, los medios de comunicación que tengan entre la dirección o el accionariado a alguna persona condenada por corrupción, dejará de recibir subvenciones públicas durante al menos cinco años.

Como en Andalucía y otros territorios donde Ciudadanos ha firmado acuerdos de gobierno, Castilla y León verá prácticamente suprimido el impuesto de sucesiones entre familiares directos -será bonificado al 99%-, y se estableerá un tratamiendo favorable en el impuesto de Transmisiones Patrimoniales para el caso de tierras u otros elementos que puedan generar empleo. También se reducirá el IRPF con especial atención en los residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Además, ambas formaciones se comprometen a crear un grupo de trabajo de expertos independientes a propuesta de las Cortes de Castilla y León con el fin de elaborar un diagnóstico y proponer nuevas medidas en el objetivo de la lucha contra la despoblación y la ordenación del territorio.

Entre las 100 medidas destaca un buen número de políticas sociales. Entre ellas, aprobar la ley de Muerte Digna que el propio Igea defendió en el Congreso durante su etapa como diputado y responsable de Sanidad de Ciudadanos. También fomentar la integración de los inmigrantes "simplificando trámites y el acceso a las prestaciones sociales".

El nuevo gobierno castellanoleonés garantizará "a todas las mujeres víctimas de violencia de género en situación de riesgo un alojamiento alternativo al domicilio habitual". No es la única médida para defender a las víctimas de violencia dentro del hogar. En el caso de los menores, el acuerdo firmado recoge que "ningún niño que presente lesiones sugestivas de malos tratos podrá salir de un hospital sin evaluar el riesgo en su entorno familiar".

Para hacer efectivo este acuerdo de gobierno, los dos partidos se han comprometido ha hacer presidente de las Cortes al candidato naranja, Luis Fuentes, y al popular Francisco Vázquez. Además, ambos partidos ostentarán una secretaría cada uno dentro de la Mesa.