Solo un día después de que Vox rompiera el pacto que tenía con los 'populares' para los ayuntamientos por entender que se está dando un incumplimiento del acuerdo de investidura, la candidata del partido en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha tendido la mano a "todos los partidos" para llegar a un acuerdo de gobierno con fecha tope: el 2 de julio a las 14.00 horas. Hasta esta fecha, según ha explicado Monasterio en la Asamblea de Madrid, Vox estará abierto a negociaciones.

La principal condición, ha anunciado Monasterio, es la firma de un único documento entre todos los partidos involucrados. "No es indispensable sentarnos todos en una misma mesa a negociar, lo que es indispensable es la composición de un progama único firmado por las tres partes", ha advertido Monasterio a Ciudadanos. De esta forma, aparca la posibilidad de entrar en el gobierno autonómico: "Hemos venido a defender ideas, no a pedir consejerías", ha sentenciado.

Según el documento presentado por la candidata madrileña, cualquier acuerdo debe incluir los principios programáticos expuestos por el partido de Santiago Abascal. Entre ellos, eliminar o bajar todos los impuestos en la Comunidad de Madrid, auditar las subvenciones otorgadas en los últimos años así como acabar con los chiringuitos y otros entes públicos de caracter ideológico.

Vox pide crear, además, una consejería de Familia y Natalidad "para revertir el invierno demográfico e incentivar y apoyar la maternidad", así como la eliminación de varios artículos de la Ley de Identidad de Género de la Comunidad de Madrid y de la Ley de Protección Integral contra la LGTBifobia que no ha querido especificar.

También propone medidas en el ámbito educativo, como "el derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos" y la activación de protocolos educativos que protejan a los alumnos en situaciones de discriminación, acoso y violencia.

Especial énfasis pone la formación de Abascal en la inmigración ilegal. Desde la Comunidad de Madrid Vox quiere identificar y repatriar a los Menas, ilegalizar las organizaciones que cooperen con las mafias del tráfico de personas o contribuyan a la inmigración ilegal y suprimir las ayudas a estos inmigrantes, así como a las asociaciones que promueban la llegada irregular de inmigrantes.

Para evitar el turismo sanitario, el documento presentado por monasterio incluye solicitar al país de origen "el pago de la factura sanitaria tanto de los inmigrantes ilegales como de los comunitarios o visitantes que se hayan beneficiado de la sanidad pública madrileña".