La política social acumula tareas pendientes por la parálisis política

Al próximo gobierno se le acumulan las tareas. Y mientras no lo hay, se va agrandando la laguna de las grandes decisiones en materia económica que deberían tomarse e n los próximos meses.

También hay importantes reformas pendientes, como la de las pensiones, o leyes que esperan comunidades y, sobre todo, ayuntamientos como una norma estatal en vivienda. Todo quedó paralizado después de las elecciones del 28-A.

Entonces, el Gobierno entró en funciones, un estado del que debería haber salido después de la investidura de la semana pasada. Sánchez no triunfó y en España se continuarán acumulando las tareas.

Este año están vigentes los que aprobó el Gobierno del PP para 2018, que se prorrogaron como promesa del PSOE al PNV para que apoyara la moción de censura. En el Gobierno se llegó a fantasear la idea de que, si todo iba rápido después del 28-A, diera tiempo a aprobar otras cuentas, para que se aplicaran en la segunda mitad de 2019. Ahora se evidente que no será posible, como tampoco lo es de momento empezar a elaborar las cuentas de 2020.

Un Gobierno en funciones como el actual no puede someter a la aprobación del Congreso el primer paso del proceso presupuestario, el techo de gasto, que en principio debería estar presentado el 30 de septiembre. Hay riesgo real de que en 2020 no haya más remedio que seguir aplicando el Presupuesto de 2018.

El tan denostado por Podemos Ministerio de Vivienda habría heredado una tarea pendiente que hoy tiene esta dirección general del Ministerio de Fomento: elaborar una ley estatal de vivienda que, entre otras cosas, debe definir exactamente el concepto de "vivienda vacía". Con ella, los ayuntamientos de comunidades como la de Madrid que no tienen su propia norma podrán empezar a cumplir el decreto de vivienda, por lo que respecta a los recargos del IBI previstos para propietarios de vivienda vacía que no la saquen a alquiler.

Después de tres años negociando, en febrero se certificó la imposibilidad de la comisión del Pacto de Toledo del Congreso de llegar a un acuerdo para reformar el sistema de pensiones. Entre acusaciones cruzadas sobre de quién había sido la culpa, en lo que coincidieron todos fue en que la reforma debería quedar para esta legislatura. Está por decidir si se elimina el factor de sostenibilidad que limita la subida como mucho al 0,25% y se sustituye por una vinculación por ley al IPC. También hay que decidir fuentes de financiación para garantizar el mantenimiento del sistema público de pensiones.

El Ministerio de Política Territorial no tiene ni ministra ni secretario de Estado desde hace meses, sin que el Gobierno en funciones pueda nombrar sustitutos. Todo lo más, traspasar la competencia de la exministra al ministro de Agricultura, Luis Planas, que asumió el encargo cuando Meritxell Batet fue nombrada presidenta del Congreso. Si el bloqueo político desemboca en nuevas elecciones el 10 de noviembre, quedará vacante otro ministerio. El titular de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, pasará a ser miembro de la nueva Comisión Europea que empieza el 1 de noviembre.

Junto a ellos, hay hasta 23 altos puestos de la Administración Central vacantes, porque sus titulares cesaron y el Gobierno en funciones no los puede reemplazar. Por este motivo están descabezados organismos como el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad y Consumo o el Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico.

Uno de los puestos vacantes es, nada menos, el del jefe de los espías. El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia Miguel Sanz Roldán se jubiló y de momento le ha sucedido de forma interina su número dos, Paz Esteban López.

El Consejo General del Poder Judicial está en funciones desde el pasado mes de diciembre y su renovación está a la espera de que regrese la normalidad parlamentaria y que los partidos –particularmente, PSOE y PP– se pongan de acuerdo para que el Congreso y el Senado elijan a los miembros que lo conforman.

También la presidencia de Radio Televisión Española, que desempeña hoy de forma interina Rosa María Mateo, está pendiente de una decisión definitiva que debe llegar del Congreso de los diputados.

Por lo general, los proyectos legislativos que tramita el Congreso decaen cuando se convocan elecciones. Pero no en todos los casos, porque hay asuntos que se trasladan a la legislatura siguiente. Este es el caso de varias iniciativas legislativas populares (ILP), que los diputados tienen que decidir si convierten en leyes. Tienen que ver con los costes de la política de Dependencia, con la instauración de una prestación de ingresos mínimos o con la equiparación salarial entre cuerpos policiales.

Como en el caso anterior, el Congreso trasladó a la actual legislatura los trabajos para dar luz verde a las reformas de los estatutos de autonomía de la Región de Murcia, Cantabria y Baleares.