El primer ministro británico, Boris Johnson, ha logrado que la reina Isabel II autorice este miércoles la suspensión del Parlamento británico, una medida que la oposición considera "antidemocrática", y con la que el líder tory espera apuntalar sus planes para materializar el brexit cueste lo que cueste.

En inglés no se habla de suspensión, sino de prórroga (prorrogation), y no es algo excepcional ya que se trata de un procedimiento formal que suele ocurrir cada año cuando finaliza una sesión parlamentaria y que normalmente dura pocos días hasta que comienza una nueva sesión con el discurso de la reina. Lo excepcional es la duración de la actual suspensión, la más larga de la historia, pues durará 5 semanas: desde la segunda de septiembre (previsiblemente el día 10) hasta el 14 de octubre.

La suspensión implica que los diputados contrarios a un brexit sin acuerdo tendrán menos tiempo para aprobar cualquier legislación contraria a esa salida abrupta del Reino Unido de la UE, ya que el 31 de octubre concluye la prórroga concedida por Bruselas para que Londres ratifique el acuerdo alcanzado en su día con Theresa May. Con la cámara suspendida no se celebran debates ni votaciones.

Además de limitar los movimientos de la oposición, el premier británico pretende con esta medida presionar a la UE para que acepte negociar un nuevo acuerdo sobre el brexit demostrando que está dispuesto a una salida sin acuerdo. "Johnson considera que esta medida refuerza su posición negociadora en Bruselas porque advierte de que su amenaza de un brexit sin acuerdo va en serio", sostiene Holger Schmieding, economista jefe del banco de inversión alemán Berenberg.

El laborista Jeremy Corbyn, líder de la oposición y contrario al brexit duro, ha asegurado que la suspensión es "una aberración y una amenaza a la democracia". Se ha mostrado "espeluznado frente a la osadía del Gobierno de Johnson", que busca "que el parlamento pueda evitar sus planes para ejecutar un temerario brexit sin acuerdo".  También ha acusado a Johnson de "avasallar la democracia" y ha trasladado a la reina Isabel II que interrumpir la actividad parlamentaria "no es aceptable". Las críticas también le han llegado a Johnson dentro de su propio partido ya que el líder de la Cámara de los Comunes, el tory John Bercow, tildó el gesto de Johnson de "aberración constitucional".

La Justicia británica podría tener la última palabra. La diputada del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry ha asegurado en la BBC que ya están trabajando con su equipo legal para que el Tribunal de Sesiones de Edimburgo se pronuncie acerca de si considera legal la suspensión. "Vamos a llevar este problema ante el tribunal rápidamente para que pueda determinar si Boris Johnson actúa de forma legal o no". La corte escocesa podría pronunciarse este jueves o viernes. Además, una petición popular en contra de la suspensión ha reunido más de medio millón de firmas este miércoles, por lo que ha superado el umbral de 100.000 necesarias para ser debatida en la Cámara de los Comunes. También el exprimer ministro británico John Major, del partido conservador, ha amenazado con emprender acciones legales. "Johnson quiere esquivar a un Parlamento soberano que se opone a sus medidas", ha dicho en la BBC.