La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado este lunes ante la Audiencia Nacional que "todo lo que rodeó" la constitución de BFA-Bankia, su salida a Bolsa y la posterior nacionalización de la entidad, fue "una especie de pesadilla que los distintos operadores financieros han querido hacer desaparecer" a fin de "minimizar" posibles responsabilidades.

Sin embargo, se "minó la credibilidad exterior de nuestra economía" abocando al país al "mayor rescate bancario de la historia", ha criticado la fiscal Carmen Launa, que se ha referido a estos hechos como "un mal despertar para miles de españoles que tienen derecho a saber lo que pasó" y evitar así que vuelvan a repetirse.

La Audiencia Nacional ha retomado este lunes el juicio por la salida a bolsa de Bankia, en la que será una de sus últimas sesiones, con la lectura del informe de Anticorrupción, después de que la fiscal Carmen Launa ampliara sus conclusiones y añadiera un presunto delito de falsedad contable.

Con un tono duro, la representante del Ministerio Público ha calificado de "inusual" que tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aportaran contrainformes "para desvirtualizar" los trabajos de los dos inspectores designados a la causa como peritos judiciales, Antonio Busquets y Víctor Sánchez.

A ambos ha avalado Launa durante la exposición de su informe final, en el que pide ocho años y medio de cárcel para el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, por supuesta estafa a inversores y falsedad contable.

Tal como anunció en el trámite de conclusiones definitivas, la acusación de la Fiscalía se hace extensible a otras catorce personas, entre ellas los otros tres antiguos gestores de la entidad, contra los que ya se dirigía el escrito inicial, así como los exconsejeros con presencia en los comités de auditoría del grupo, el actual interventor y el socio auditor.

Para ellos pide penas de entre seis años de prisión y un año de cárcel conmutable por multa; sólo el exvicepresidente de Bankia Francisco Verdú se enfrenta a una condena menor, entre seis o nueve meses de prisión pues, a pesar de su "destacada situación", no se ha probado que "hubiera obtenido información suficiente para calibrar los deterioros".

Según informaron fuentes jurídicas, la sala ha programado sesiones hasta el próximo 18 de septiembre, aunque previsiblemente el juicio quedará visto para sentencia días antes, tras diez meses de vistas.

La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado también haber vulnerado el derecho a la defensa de los acusados por la salida a Bolsa de Bankia al añadir una presunta falsedad contable, y ha asegurado que las pruebas practicadas en nueve meses de juicio demuestran las "importantísimas" irregularidades que les achaca.

"Podíamos haber ido más allá, pero no lo hemos hecho", ha sentenciado la fiscal Launa durante la presentación de su escrito, en el que pide ocho años y medio de prisión para el expresidente de la entidad Rodrigo Rato, y entre seis años y un año de prisión conmutable por multa para los otros tres antiguos gestores, los exconsejeros de las comisiones de auditoría, el interventor del banco y el auditor externo.

Launa ha reiterado que la postura del Ministerio Público "se ha mantenido en los límites del auto de apertura de juicio oral, por lo que las defensas han sabido en todo momento de lo que se les acusaba y de qué se tenían que defender".

Se ha referido así a los argumentos de letrados como el de Rato o el del exconsejero del grupo y exministro del Interior, Ángel Acebes, que en el trámite de conclusiones definitivas denunciaron la "triquiñuela procesal" por la que desde el pasado julio se atribuye a sus clientes una supuesta falsedad contable que, según ellos, no era objeto del juicio.

En este sentido, la fiscal ha recordado que el auto dictado por el juez instructor Fernando Andreu ya abría la puerta a considerar un posible maquillaje en las cuentas de BFA-Bankia de 2010 y 2011, aspecto que fue considerado por la mayoría de acusaciones particulares y populares personadas en la causa.

La "transparencia" y la "escrupulosidad" en el proceso han sido tales que incluso se advirtió de una posible modificación en la primera sesión, el pasado noviembre, ha añadido Launa, quien ha destacado que tras analizar la documentación y los interrogatorios se hacen evidentes "la importantísima insuficiencia de los saneamientos, la deficiencia de información al mercado y la desaparición de la provisión genérica".