Claves del caso Púnica: en qué consiste la 'pieza número 9' que ha acabado con la imputación de Aguirre y Cifuentes

Cinco años de investigaciones, decenas de imputados, 2020 como fecha clave... El juez Manuel García Castellón le ha dado un nuevo empujón a la trama Púnica tras la imputación de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la presunta financiación ilegal de PP de Madrid.

Los entresijos de este caso de corrupción, que se ha extendido por Madrid, Murcia, León o Valencia, han tenido que ser divididos en diferentes piezas debido a la complejidad del mismo y al número de personas implicadas.

El caso Púnica es un operativo de la Unidad Central Operativa (UCO) que comenzó en 2014 y en el que fueron detenidas decenas de personas -políticos, ediles, funcionarios y empresararios- por su relación con una trama de corrupción que adjudicó servicos públicos por valor de 250 millones de euros en dos años.

Como contrapartida, se cobraban comisiones ilegales que posteriormente eran blanqueadas a través de un entramado societario. Eloy Velasco fue el juez instructor que abrió el proceso en junio de 2014, aunque ahora se encarga el juez Manuel García Castellón.

Según la Fiscalía Anticorrupción, es una "trama de corrupción municipal y regional infiltrada en diversos ayuntamientos y organismos autonómicos, principalmente de Madrid, Murcia, León y Valencia".

El nombre procede del nombre científico del granado, Punica granatum, haciendo referencia a Francisco Granados, antiguo número dos del PP en la Comunidad de Madrid detrás de Esperanza Aguirre, y uno de los principales implicados.

En la actualidad hay más de 180 imputados en el caso -entre los últimos se encuentran Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González-.

Algunos de los primeros implicados de esta macrocausa fueron el propio Francisco Granados y seis alcaldes de la Comunidad de Madrid (Parla, Valdemoro, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos, Collado Villalba y Serranillos del Valle).

Además, varios empresarios fueron detenidos y varias sedes de empresas registradas. Entre ellos se encontraba David Marjaliza, empresario y expresidente de las Nuevas Generaciones del PP en Valdemoro.

La macrocausa, cuya investigación debe terminar el 6 de junio de 2020, ha sido dividida en varias piezas (actualmente 11, a petición de la Fiscalía). La causa número 9 es la de la financiación ilegal del PP de Madrid, donde se incluyen las imputaciones de Aguirre, Cifuentes e Ignacio González.

Esta investigación se inició tras el hallazgo de una agenda del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, considerado el 'cabecilla' de la trama Púnica, en la que puede leerse unas siglas junto a determinadas cantidades de dinero.

Se investiga si estas letras pueden pertenecen a presuntos donantes del PP regional que habrían sufragado las campañas electorales a cambio de adjudicaciones públicas, algo que este investigado siempre ha negado.

El febrero de 2018, Granados acusó a los tres expresidentes de la CAM de mantener una presunta Caja B del PP de Madrid. Los informes de la UCO aportan indicios de la asistencia a reuniones clave con responsables de empresas como Indra o su conocimiento de pagos a través de la Fundación Fundescam.

La UCO situara a Aguirre en reuniones claves en las que presuntamente se habría negociado la financiación irregular de la formación política durante las campañas electorales de 2003, 2007 y 2011, en las que Aguirre presidía a los 'populares madrileños'.

Ahora, el juez atribuye a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre "un papel decisivo y esencial" en la presunta financiación irregular del PP de Madrid, hasta el punto que sospecha que fue quien "ideó la búsqueda de recursos" para costear las campañas que ella elegía.

Los investigadores han implicado a Aguirre en escasas ocasiones recientes. La primera vez fue en un informe del pasado mes de marzo en el que sitúa a la expresidenta madrileña en varias reuniones con otros exdirigentes del PP madrileño en las que se habrían dado instrucciones para recompensar con contratos públicos empresas de Daniel Horacio Mercado que habrían realizado trabajos de las campañas electorales del partido en los años 2003 y 2007 por unos 151.500 euros.

La siguiente vez que Aguirre fue señalada expresamente por la UCO fue en el último informe entregado al magistrado instructor en el que se indica que, según la agenda de Ignacio González, la expresidenta madrileña asistía junto a él y otras autoridades del Gobierno autonómico a reuniones con Indra, que supuestamente habría financiado con 566.497,58 euros la campaña electoral de 2011 a través de contratos falsos.

En el caso de Cifuentes, la imputación obedece al contrato de Servicio de Cafetería de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011 al Grupo Cantoblanco. La expresidenta participó en el comité de expertos que, según explica el auto del juez, "valoró de forma arbitraria las ofertas presentadas por los licitadores, posicionándose en dicha valoración a favor" de la empresa de Arturo Fernández.

Además, Cifuentes era Patrona de Fundescam en el año 2007, cuando se efectuaron las donaciones por el investigado Arturo Fernández, y formó parte del comité regional de campaña del PP de Madrid en aquellas autonómicas.

El expresidente madrileño Ignacio González ya estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional por la presunta financiación ilegal del partido, en el marco del caso Lezo, y tras la unión de las piezas de ambas causas sobre la contabilidad B, el juez ha decidido también citarle a declarar el 17 de octubre.

El juez también atribuye "un papel decisivo y esencial" en la toma de decisiones sobre la financiación del partido a Ignacio González, estrecho colaborador de Aguirre.