PP y Ciudadanos chocan en la Asamblea por Avalmadrid mientras mantienen las formas en la Puerta del Sol

La tensión entre el Partido Popular y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid continúa en aumento a expensas de la comisión de investigación sobre Avalmadrid solicitada por PSOE, Más Madrid y Podemos y a la que Ciudadanos ha dado su necesario apoyo.

Los portavoces de los grupos parlamentarios de PP y Cs en la cámara regional se enzarzaron ayer en declaraciones cruzadas en las que los populares pusieron en duda la credibilidad de sus compañeros de coalición por alinearse con la oposición mientras el partido naranja advirtió de que levantarán "todo tipo de alfombras".

"Me preocupa que haya madrileños que puedan pensar que esto tiene alguna relación con motivos electorales, con cómo les va en las encuestas", declaró ayer en la Asamblea Alfonso Serrano, recién nombrado portavoz del grupo parlamentario popular.

En una vuelta de tuerca más a los ataques subterráneos a Cs, Serrano recordó las palabras del expresidente y actual consejero, el diputado naranja Ángel Garrido –sin llegar a nombrarle–, que en 2018 calificó a su actual formación como "el tonto útil de la izquierda".

Poco después, el portavoz de Ciudadanos, César Zafra, respondía en una entrevista televisiva a su homólogo popular, al que achacó no haber "entendido todavía muy bien lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid".

"Nuestra posición no es con el PSOE o el PP, es con los ciudadanos y la corrupción no es una cuestión de bandos, tienes que ir en contra de la corrupción", declaró Zafra, que dijo entender "que haya gente que se ponga nerviosa" cuando se busca investigar Avalmadrid.

Mientras esto tenía lugar en la Asamblea, los miembros del Gobierno regional han tratado de mantener las formas en las últimas horas, generando un ambiente de calma tensa en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol.

El vicepresidente Ignacio Aguado, de Ciudadanos, subrayó ayer que el objeto de la comisión sería Avalmadrid y no la presidenta Isabel Díaz Ayuso y que no se iba a "participar de ningún ataque personal ni ninguna cacería contra ninguna persona".

"Nuestra labor es levantar las alfombras y ver qué ha pasado en Avalmadrid como estructura, pero no buscando causas contra nadie, no lo voy a tolerar", declaró Aguado.

Ayuso también evitó entrar en polémicas con Ciudadanos el miércoles, tras una reunión con el alcalde madrileño José Luis Martínez-Almeida, y centró sus críticas en los grupos de izquierda de la cámara, a los que acusó de ser "una maquinaria de destrucción del adversario en lo político y en lo personal".

"Nunca hablaré de mi socio de Gobierno más que en positivo", declaró Ayuso, que prometió a Aguado apoyarle cuando cuando "la maquinaria de destrucción del adversario de la izquierda vaya contra ellos".

En cuanto a Vox, el otro grupo, además de Cs, que dio su imprescindible apoyo a Ayuso en la sesión de investidura, se ha mantenido en una posición algo ambigua.

La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, adelantó el miércoles el apoyo de su formación a la apertura de la comisión de investigación sobre Avalmadrid, pero ayer aclaró que no aprobará la comparecencia de Ayuso en la misma si es para un "tema personal".

El lunes se reúne la Mesa de la Asamblea en la que se decidirá si se tramita o no la petición de poner en marcha la comisión de investigación sobre Avalmadrid presentada el martes por PSOE, Más Madrid y Podemos.

Esta empresa, participada en un 27% por la Comunidad de Madrid se dedica oficialmente a la concesión de préstamos a Pymes de la región y, entre sus préstamos, consta uno en 2011 a una empresa propiedad del difunto padre de la presidenta Ayuso.

El Banco de España comenzó a detectar irregularidades en el funcionamiento de esta empresa en 2012 por la concesión de grandes créditos a prestatarios potencialmente insolventes y terminó por expedientarla y proponer una sanción por infracciones graves este verano.

Con el apoyo de Ciudadanos, la comisión contaría con el apoyo suficiente en la Mesa de la Asamblea para salir adelante, aunque el PP ha dicho estar estudiando reclamar un informe jurídico sobre la viabilidad de la misma y existirá un plazo de siete días para que alguno de los grupos se oponga, lo que podría terminar con una votación en un pleno en las próximas semanas.