El juez manda a prisión a los siete CDR por delitos de terrorismo

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha ordenado este jueves el ingreso en prisión preventiva de los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos el lunes en Catalunya en el marco de la operación Judas -Eduard Garzón, Xavier Buigas, David Budria, Jordi Ros, Xavier Duch, Ferran Solis y Alexis Codina-.

El magistrado ha tomado la decisión después de interrogarles a lo largo de la mañana y atendiendo a la petición de la Fiscalía, que solicitó prisión incondicional para los detenidos por presuntos delitos de integración en grupo de naturaleza terrorista, conspiración para cometer estragos y tenencia ilícita de explosivos -finalmente el delito de rebelión no fue incluido por el fiscal-.

Tras celebrar las correspondientes vistillas y escuchar a la Fiscalía y a las defensas, García Castellón consideró que existen indicios de que los siete arrestados, que fueron trasladados a la prisión madrileña de Soto del Real, forman parte del llamado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), "una organización dentro de los CDR con una estructura jerarquizada que pretende instaurar la república catalana por cualquier vía, incluidas las violentas".

En el auto, sostiene que las intervenciones telefónicas, seguimientos y demás pruebas aportan indicios suficientes para situar a los detenidos en el "sector más radical, clandestino y comprometido" de los CDR, con "capacidad suficiente para llevar a cabo maniobras con un alto nivel de profesionalización".

Entiende, además, que concurren los requisitos para acordar la prisión provisional sin fianza: la gravedad de los delitos que se les imputan, la capacidad de destruir pruebas en caso de quedar en libertad, la posible sustracción a la acción de la justicia y el riesgo de reiteración delictiva.

El fiscal Miguel Ángel Carballo, por su parte, sospecha que los siete CDR integraban una organización criminal de naturaleza terrorista que conspiró para cometer estragos con la finalidad de subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública.

El magistrado destaca en su auto un encuentro de los detenidos con una persona con un "componente peligroso", que según el diario Lainformación, sería el fundador de Terra Lliure, Fredi Bentanachs. El encuentro "de máxima clandestinidad" tuvo lugar en septiembre de 2018.

Dos de los detenidos, que este jueves han comparecido ante el juez con abogados de oficio, llegaron a admitir ante la Guardia Civil su participación en la adquisición de varias sustancias para fabricar explosivos caseros, aunque negaron haber tenido la voluntad de provocar actos terroristas o daños a personas.

Los otros cinco, representados por letrados de la organización independentista Alerta Solidària, se acogieron a su derecho a no declarar y se limitaron a contestar a sus abogados para negar haber participado en actividades terroristas. Eva Pous, abogada y portavoz de estos cinco detenidos, defendió que sus representados son "personas normales y corrientes" que nada tienen que ver con los delitos que el fiscal les imputa. Los acusados estuvieron arropados a las puertas de la Audiencia Nacional por familiares y por algunos representantes de ERC, JxCat, la CUP y EH-Bildu.

La causa se mantiene bajo secreto mientras se analiza la abundante documentación incautada el lunes en la operación Judas -esta incluye vídeos, grabaciones y material explosivo- fruto de una investigación iniciada hace más de un año por la Guardia Civil. En esa operación fueron detenidas nueve personas vinculadas a los CDR acusadas de planear actos de tipo terrorista de cara al aniversario del 1-O o con motivo de la sentencia del procés. Dos de ellas quedaron en libertad con cargos el mismo lunes, con la obligación de comparece ante el juez cuando sean citados.

Se practicaron también diez registros en varias localidades catalanas en los que, además de material explosivo, se hallaron planos de edificios públicos y de un cuartel.