Segundo aniversario de un 1-O tenso y polémico, pero que pincha en las calles

El independentismo se afanó este martes en mostrar una imagen de unidad y de firmeza coincidiendo con en el segundo aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre. El ambiente en Cataluña fue de compás de espera ante la inminente publicación de la sentencia del juicio del procés por parte del Tribunal Supremo y ante la que el independentismo está tejiendo una respuesta en forma de "movilización masiva y constante".

Unas 18.000 personas, según la Guardia Urbana (y 50.000 según la organización), se manifestaron desde las siete de la tarde por el centro de Barcelona al grito de '1-O, ni oblit ni perdó' (1-O, ni olvido ni perdón) o 'Els carrers seran sempre nostres' (Las calles serán siempre nuestras). La cifra ofrecida por Guardia Urbana supone una afluencia menor a la del año anterior.

Solo unos pocos incidentes marcaron las primeras horas de la jornada, con protestas de los Comités de Defensa de la República (CDR) principalmente en Girona y en Lleida, que no llegaron a mayores. Más tarde, en un comunicado, los CDR hacían el primer llamamiento a la unidad del independentismo: "Basta de acusaciones. Basta de señalarnos. Sabemos construir juntas. Lo hemos demostrado muchas veces y lo continuaremos demostrando. Cada uno desde su papel".

El comunicado advierte además de que los CDR "nacimos para defender un referéndum. Crecimos para defender una República. Seremos quien haga temblar al enemigo. Y ganaremos. No tengáis duda".

Más tarde el gobierno de la Generalitat dejaba atrás las discrepancias de las últimas semanas y escenificaba la unidad en un acto solemne en el Pati dels Tarongers en el que el presidente Quim Torra y el vicepresidente Pere Aragonès leyeron el manifiesto Compromiso del primero de octubre. Torra afirmó que "el 1-O será recordado siempre como la jornada fundacional del republicanimo. Ese día el pueblo de Cataluña se empoderó contra la barbarie", afirmó.

Y recordó que el gobierno de Cataluña también asumió graves consecuencias y que prueba de ello es que una parte de ese ejecutivo "hoy está en la prisión y en el exilio", ante lo que reiteró su apuesta por la "radicalidad democrática, el derecho a la autodeterminación y el diálogo" para lograr su libertad y el "retorno de las personas exiliadas" y avanzar "sin excusas" hacia la República.

Inició el acto el vicepresidente Pere Aragonès quien defendió que "el camino hacia la república catalana que será imparable" y que se conseguirá "de forma facífica y democrática". Durante toda la jornada se fue repitiendo la imagen de unidad, y a mediodía partidos y entidades independentistas llamaron a responder a una eventual sentencia condenatoria del Supremo "de manera masiva desde la lucha no violenta y la desobediencia civil".

Fue un acto conjunto de JxCat, ERC, la CUP, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural en el que, en un comunicado, anunciaron que "están preparados" para responder conjuntamente a una sentencia que prevén condenatoria, aunque no concretaron ninguna de las acciones que preparan. En esta línea, la ANC y Òmnium avisaron de que una sentencia condenatoria abrirá una época "larga" de movilización.

Así el independentismo hizo un llamamiento a "la desobediencia civil y la movilización ciudadana pacífica" como respuesta a "los abusos de poder y a las situaciones de injusticia" y pide movilizaciones "plurales y transversales" porque "la respuesta a una sentencia injusta nos interpela a todos y todas", afirmó.

Aunque ayer no se concretó cuál será la respuesta, sí que se revelaron algunas iniciativas. Así, el expresidente Carles Puigdemont anunció desde Bruselas que el Consejo por la República convocará la Asamblea de Cargos Electos de Cataluña después de la sentencia del Tribunal Supremo, en el supuesto de que sea condenatoria. Este organismo incluye a todos los cargos electos catalanes: regidores, diputados y eurodiputados.

Por su parte, el Sindicato de Estudiantes hizo un llamamiento a los estudiantes de institutos y universidades a "parar las clases" cuando se conozca la sentencia del 1-O y acudir a la plaza Sant Jaume de Barcelona, y propuso una huelga estudiantil de 72 horas para "organizar una respuesta a la altura de la ofensiva represiva".

Por su parte la CUP urgió a reeditar la autoorganización de la ciudadanía que hubo para el 1-O creando "asambleas populares" en los barrios y municipios catalanes para organizar la respuesta de la población a la sentencia del juicio del 1-O. La diputada de la CUP en el Parlament Natàlia Sànchez apostó por "reorganizar el movimiento popular en defensa de la autodeterminación. Emplazamos a todos aquellos colectivos, organizaciones y personas que llenaron las plazas y municipios a reorganizar y crear asambleas populares para organizar la respuesta a la sentencia".