El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decretó el pasado jueves el estado de excepción en el país para proteger las vías de comunicación y la operatividad de las instituciones, a raíz de las protestas de grupos sociales, indígenas y transportistas, que rechazan los recortes económicos anunciados unos días antes por el mandatario.

Dede entonces, las protestas se han recrudecido, especialmente en la capital, Quito, donde el lunes llegaron miles de indígenas de todo el país (en torno a 10.000) para participar en una gran manifestación. Este martes, cientos de manifestantes irrumpieron en la Asamblea Nacional (Parlamento), hasta que fueron expulsados por la Policía, mientras continuaban los disturbios en el exterior. Horas después, Moreno, que ha trasladado temporalmente el Gobierno a Guayaquil, impuso un toque de queda en zonas estratégicas del país.

Estas son las claves de un enfrentamiento esperado desde hace meses, cuando Ecuador aceptó en marzo las condiciones que le ponía el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir un paquete de ayuda financiera.

Las protestas son alentadas desde organizaciones sindicales y de oposición, a las que se sumaron colectivos indígenas y universitarios, tras un discurso a la nación el martes en el que Moreno anunció, después de meses de espera, un conjunto de medidas para reducir el gasto público e incrementar los ingresos del Estado.

Ese plan incluyó la eliminación de los históricos subsidios a la gasolina, lo que ha generado que transportistas, taxistas y otros afectados bloqueen calles y carreteras por todo el país. También ha habido enfrentamientos entre manifestantes y Policía en Quito y otras ciudades.

En marzo pasado Ecuador aceptó una línea gradual de crédito por valor de 10.200 millones de dólares de varias instituciones financieras internacionales, entre ellos, 4.200 millones del FMI.

Esta entidad fijó a Ecuador un calendario de reformas a cambio del dinero prestado, que contemplaba la reducción del gasto público, un incremento de ingresos y una reforma laboral que aliente la productividad.

Los ecuatorianos llevaban esperando lo que comúnmente denominan "paquetazo" desde hace meses.

Después de meses en los que ha habido una ola silenciosa de despidos en el aparato del Estado para desinflar la administración dejada por su predecesor, Rafael Correa, Moreno anunció finalmente el conjunto de medidas (el "paquetazo"), que incluía el final de los subsidios a la gasolina, una subida de impuestos a las empresas más pudientes, la retirada de un día de salario y 15 de vacaciones a empleados de empresas públicas, entre otros reajustes.

Según las disposiciones, el galón de diésel pasaría a costar de 1,03 dólares a 2,27, mientras que la gasolina extra, de 1,85 a 2,30 dólares, encareciendo toda la producción.

Quito es el epicentro de los disturbios. Además de los violentos enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes, especialmente en el casco histórico, el tráfico permanece cortado en numerosos sectores y el transporte público se ha suspendido.

Pero los altercados van más allá de la capital. Así, se han producido en incidentes en 21 provincias, entre los que destaca la toma de la Gobernación de Chimborazo, por parte de manifestantes indígenas. Este martes se habían contabilizado ya dos muertos y decenas de heridos, con cerca de 600 detenidos.

En diferentes sectores de Guayaquil se han producido altercados y saqueos a comercios y establecimientos públicos ante la incapacidad de las fuerzas de seguridad de garantizar el orden, por lo que numerosas tiendas han tenido que echar el cierre para evitar robos masivos.

El parón de los transportistas ha bloqueado calles, paralizado las clases, y puesto obstáculos al normal funcionamiento del Estado ecuatoriano.

Según el decreto firmado por Moreno, el estado de excepción se aplica a escala nacional en previsión de una situación de caos, y en él participan todos los organismos de gobierno incluidos la Policía y el Ejército, en este último caso, con "funciones complementarias" en el mantenimiento del orden público.

El estado de excepción suspende asimismo el derecho de asociación y reunión, y de aglomeraciones durante las 24 horas del día. Y permite a las fuerzas del orden requisar cuando lo consideren necesario. También suspende la libertad de tránsito en situaciones de peligro. El decreto estará vigente durante un plazo de 60 días.

Los manifestantes y transportistas exigen la anulación completa de las medidas anunciadas por Moreno y sobre todo de la subida de combustibles. Moreno ha mostrado su apertura al diálogo y asegura que siempre estarán "dispuestos a ceder espacios que no comprometan, bajo ninguna circunstancia la ética y la moral, la transparencia con la que se ha conducido siempre este Gobierno".

Por el momento no se ha pronunciado sobre las demandas. Es de esperar que el presidente trate de recoger apoyos en los próximos días de distintos círculos políticos y económicos, así como a nivel internacional, para hacer frente a la ola de protestas.

Lo que sí ha hecho es culpar a su antecesor, Rafael Correa, de un intento de "golpe de Estado".

Las salidas a las calles de los ecuatorianos en este tipo de protestas solían ser desencadenante de serios problemas políticos en el pasado, aunque en los últimos diez años han sido poco frecuentes, sobre todo porque el anterior presidente Correa aplicaba mano dura y la legislación penalizaba duramente protestas bajo diferentes argumentos.

La bancada correísta en el Parlamento ha pedido una sesión extraordinaria para analizar un adelanto electoral y la destitución de Moreno, aunque numéricamente no cuenta con suficientes apoyos.

Por el momento es prematuro analizar si la ola de protestas crecerá como para amenazar al Ejecutivo de Moreno, que llegó al poder en 2017 con un nuevo tono dialogante y conciliador que lo diferenciaba de su predecesor. Ecuador entrará en año electoral en 2020, aunque el presidente siempre ha dicho que no se presentará a la reelección.

Las autoridades de los diferentes poderes del Estado ecuatoriano acompañaron este martes a Moreno en una grabación institucional en la que pidieron a los actores sociales involucrados en las protestas que se avengan al diálogo. "Alentamos el diálogo nacional como el camino necesario para encontrar un cauce común para que prime el interés nacional y la paz social", manifestó el contralor subrogante del Estado, Pablo Celi, al leer una declaración junto al mandatario.

Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Perú emitieron este martes un comunicado conjunto en el que manifestaron "su firme respaldo" al presidente de Ecuador, ante la crisis institucional y política que vive el país como consecuencia de los recortes.  Los Gobiernos de esos siete países también expresaron en el comunicado, difundido por la Cancillería paraguaya, su "rotundo rechazo a todo intento desestabilizador de los regímenes democráticos legítimamente constituidos".