El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha interrumpido el interrogatorio de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes después de que, por un problema técnico, se haya escuchado en directo en la sala de prensa durante media hora de la Audiencia Nacional.

La declaración de Cifuentes como imputada en la causa en la que se investiga la supuesta financiación irregular del PP de Madrid, que se celebra a puerta cerrada, se ha comenzado a oír desde su inicio en la sala de la Audiencia Nacional, donde una treintena de periodistas esperaban a que finalizara.

Los propios informadores han avisado entonces de que la declaración, que se producía en el salón de plenos situado en el edificio principal, se escuchaba a través de los altavoces de la sala de prensa, ubicada en el edificio anexo de la plaza de la Villa de París y donde normalmente se visualizan los juicios.

Esto se ha debido a un error técnico, por lo que el juez, alertado por los periodistas, ha avisado a las fiscales y abogados allí presentes de que había que suspender la declaración unos minutos porque se estaba "escuchando en otro lado" y se trata de una diligencia sin publicidad.

Así ha transcurrido un cuarto de hora de interrogatorio en el que Cifuentes ha relatado el organigrama del PP de Madrid y de Fundescam en los años que se investigan, hasta que se ha interrumpido unos minutos y luego vuelto a empezar sin que el error se hubiera solventado aún.

Por ello, y ya con varios funcionarios de la Audiencia Nacional intentando arreglarlo, se ha podido escuchar otro cuarto de hora de declaración de la expresidenta madrileña, pero el juez ha sido avisado de nuevo y ha decidido cambiar de sala la declaración.

"La única forma es arrancar los cables", ha bromeado entonces el juez antes de decidir que todos los presentes se trasladaran a otra sala para garantizar la confidencialidad de la declaración y reanudarla desde donde se había dejado.

Horas antes de la declaración en la Audiencia Nacional en calidad de investigada, la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha echado mano en Twitter e Instagram de un proverbio zen: "El obstáculo es el camino". Además, ha añadido un "que paséis un estupendo miércoles".

Cristina Cifuentes declara como investigada dentro de la pieza de la causa sobre la financiación del partido, en concreto por haber beneficiado al empresario Arturo Fernández mediante el amaño de la adjudicación de contratos de cafetería a cambio de sus aportaciones a las arcas del PP de Madrid.

En su auto de citación, que dictó el pasado 2 de septiembre, el juez sostiene que uno de los métodos utilizados por el PP de la Comunidad de Madrid para obtener financiación de forma irregular fue el uso de la Fundación Fundescam para canalizar las donaciones que realizaron determinados empresarios y la Confederación de Empresarios Madrileños (CEIM).

Arturo Fernández, vicepresidente de CEIM y presidente del Grupo Cantoblanco, habría realizado dos donaciones de 160.000 euros en 2007, año en el que Cifuentes era patrona de Fundescam y también miembro del comité regional de campaña del PP, para costear "de manera encubierta gastos electorales".

El juez, como hizo en su momento la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cree que esas donaciones se gratificaron posteriormente mediante la adjudicación desde la Asamblea de Madrid a sus empresas de contratos de restauración en los años 2009, 2011 y 2013.

En el año 2009 y 2011, expone el magistrado en su auto, hay evidencias de "conciertos dirigidos a beneficiar" a Arturo Fernández "amañando la adjudicación" de esos contratos.

Cifuentes era la presidenta de la mesa de contratación y, según el juez, votó a favor de un informe técnico que ella misma había emitido, lo que contraviene la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

García-Castellón la interroga en el marco de la pieza número 9 del caso Púnica sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid, la misma por la que está imputada la también expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, cuya comparecencia está fijada para el próximo 18 de octubre.

Un día antes está previsto que preste declaración como investigado su sucesor, Ignacio González, que además está imputado en el caso Lezo, en el que se investiga una presunta trama de corrupción en el Canal de Isabel II.

En la pieza número 9 de Púnica se investiga la posible financiación irregular de campañas del PP madrileño con dinero de empresas que resultaban adjudicatarias de contratos públicos como Indra (imputada también junto a su expresidente Javier Monzón y que tendrán que declarar el día 4) o mediante la fundación Fundescam, entre otros mecanismos.