Desde hace tiempo, el Gobierno trabaja con la hipótesis de que el Tribunal Supremo dictará sentencia por el juicio contra el procés este lunes. Ante esta situación, la actitud con la que se seguirán en Moncloa los acontecimientos es una mezcla de tensión y confianza en que no pasará nada grave, acompañado con una estrategia judicial que el viernes pasado dio un paso más con la petición al Tribunal Constitucional para que aperciba al presidente catalán, Quim Torra, de que se abstenga de tomar decisiones inconstitucionales, como, por ejemplo, un apoyo a la autodeterminación que anunció como reacción al fallo.

Que los próximos días transcurran dentro de una relativa normalidad es importante para el Gobierno, no solo para evitar situaciones graves entre los catalanes, sino también porque Cataluña es uno de los puntales de la campaña del presidente en funciones para el 10-N.

Si el desafío que supone la sentencia del Supremo "sale bien", el Ejecutivo se habrá apuntado un importante tanto de cara a las urnas.

Moncloa confía en que sea así y el punto principal de lo que espera Pedro Sánchez de la semana que empieza hoy es, precisamente, lo que no espera que ocurra.

En Moncloa se descarta que una sentencia condenatoria, por dura que eventualmente pueda ser, desemboque en una declaración de independencia. No se espera por la actitud de los dirigentes políticos, en particular de ERC, y también porque la detención hace unas semanas de varios miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) ha supuesto un toque de atención para este colectivo, al que no se ve dispuesto a seguir desfilando por la Audiencia Nacional.

Tal es la distancia que a ojos del Gobierno existe entre lo que ocurra en los próximos días y los acontecimientos de hace dos años que uno de los elementos que considera clave es que los Mossos d'Esquadra se basten por sí mismos para mantener el orden, en situaciones que por otra parte se espera que sean más aisladas

que generalizadas.

El Ministerio del Interior cuenta con reforzar con 1.500 efectivos la presencia de Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña, pero el Gobierno espera que no tengan que entrar en acción. De hecho, considerará un éxito si la policía autonómica catalana es capaz de gestionar la situación.

A la inversa, sería signo de preocupación si tienen que intervenir Policía Nacional o Guardia Civil. En principio, se espera que sea así, también gracias a que en Moncloa no se considera que el perfil del nuevo director de la policía catalana sea el de un radical.

Una vez que se dicte sentencia, empezarán los actos de protesta ante una eventual condena de los procesados que tendrá su punto álgido el sábado, cuando las manifestaciones que las entidades soberanistas han convocado en las distintas provincias confluirán en Barcelona. Hasta entonces, los días laborales corren a favor de las expectativas del Gobierno. "La gente estará trabajando en sus pueblos", dicen. Cuando se unan en Barcelona, no se esperan mayores altercados que los que suelen generar siempre al final de las marchas un número reducido de personas. Una vez el Supremo dicte sentencia, tres serán los aspectos a tener en cuenta:

En las últimas semanas, Sánchez ha dejado claro que volverá aplicar el 155 o la Ley de Seguridad Nacional si es necesario. El pasado 1 de octubre, precisamente durante el aniversario de la votación ilegal del 1-O, Sánchez dejó claro que un "gobierno en funciones tiene las capacidades mucho más mermadas", pero que "el 155 se puede aplicar en funciones sin problemas". "Lo hemos estudiado y no habría ningún problema constitucional ni de legitimidad, el Senado permanece abierto a través de la Diputación Permanente", aseguró el presidente en funciones en una entrevista en la Cadena SER.

Tras advertir al Parlament, el Gobierno instó el viernes al Tribunal Constitucional para que aperciba a Torra y le "recuerde" que incurrirá en delitos penales si reacciona a la sentencia con el derecho de autodeterminación. El Ejecutivo presentará ante el Constitucional otros dos incidentes de ejecución de sentencia para anular los acuerdos del Parlament que reivindican la "legitimidad de la desobediencia civil e institucional" y para que avise a la Generalitat de que puede incurrir en un delito.

Para Sánchez es clave que Cataluña "salga bien", es decir, que los acontecimientos no se descontrolen.