El Gobierno español teme que la recién aprobada
delito la inmigración ilegal, haga que los
flujos migratorios se desvíen a otros países, en concreto a España.
El
secretario de Estado para la UE,
Diego López Garrido, ha trasladado este mensaje a su homólogo italiano, el ministro de Política Comunitaria,
Andrea Ronchi, en una reunión mantenida este jueves. Ronchi ha acudido a la sede del
López Garrido ha declarado en rueda de prensa que
ha expresado el "respeto" a la decisión del Gobierno italiano sobre el tratamiento como delito de la inmigración ilegal, pero ha insistido en que no contribuye a la política común europea y que este tipo de acciones deben ser
"dialogadas y reflexionadas" con los demás países de la UE.
El Gobierno de Berlusconi aprobó ayer miércoles en su primer Consejo de Ministros
hasta a cuatro años de cárcel. Entre otras cosas, se exigirán
pruebas de ADN que verifiquen parentescos y
se comprobarán los ingresos del extranjero que quiera vivir en Italia.