El sindicato CSI-CSIF denuncia dos casos de acoso laboral en el Ayuntamiento de Sevilla

El sindicato CSI-CSIF llevará a los tribunales dos presuntos casos de acoso laboral en el Ayuntamiento de Sevilla. El primero apunta al Instituto Municipal de Deportes y se refiere al cese de funciones del Oficial Mayor, Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

Acusan al IMD de «privarle sistemáticamente de sus funciones» y de provocar «el desalojo del despacho que ocupaba, eliminando los elementos mobiliarios e informáticos».

Explican que el Oficial Mayor “es una especie de funcionario-notario”, ya que su trabajo consiste en certificar que las decisiones tomadas por los distintos órganos del Ayuntamiento se “ajustan a la legalidad” y que “se le ha ido privando de sus funciones” tras haber “elaborado algunos informes contrarios a lo acordado en estos órganos colegiados”.

Creen, por tanto, que “si ya no asiste a esas reuniones ni se le permite firmar ningún documento es porque no interesa que conozca los acuerdos alcanzados”.

El sindicato ha presentado un escrito en el Ayuntamiento solicitando al alcalde que acabe con este acoso laboral. Si no ha ocurrido así en un plazo de diez días, llevarán el caso a los tribunales.

El IMD asegura que «no existe tal acoso» y que el Oficial Mayor cesó en sus funciones «porque volvieron a ser asumidas por el secretario del Ayuntamiento, que antes las había delegado en aquel. Por tanto, ni siquiera ha sido un despido”.

Aseguran, incluso, que “sin estar trabajando ya para este organismo autónomo, estuvo usando el despacho hasta que le fue necesario al IMD”.

La otra denuncia apunta al Área de Movilidad del Ayuntamiento y al supuesto acoso sufrido por el Jefe del Centro de Control de Tráfico, José Enrique Gutiérrez Rincón.

Afirman desde el sindicato que “desde hace cinco años está sufriendo una actitud de hostilidad laboral por parte del Director del Área. Desde entonces no se le ha dotado de los medios mínimos necesarios para que haga su trabajo, no asignándole despacho y retirando todas las funciones que le correspondían”.

Creen que el detonante es “la denuncia que presentó ante los tribunales acusando al Director del Área de obligarle a grabar en 2004 las manifestaciones de los trabajadores de la grúa municipal (AUSSA), el gremio de los taxistas y los sindicatos municipales en Plaza Nueva, utilizando para ello las cámaras que Movilidad usa para el control y seguimiento del tráfico. Una actuación que, a todas luces, vulnera la legislación”.

La acusación, que se presentará en los tribunales en un plazo no superior a diez días, estará dirigida contra Rubén García, director general del Área de Movilidad del Ayuntamiento, al que acusan de ser el “responsable directo de este acoso laboral”.

Desde el Ayuntamiento, por su parte, aseguran “estar muy tranquilos porque todo el trabajo que se desarrolla cumple con la legalidad vigente, respetando los derechos de los trabajadores". Así mismo, aclaran que "se respetan los derechos que asisten a los sindicatos y se responderá con la argumentación oportuna en los tribunales. Confiamos plenamente en la Justicia".

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