La Comunidad de Madrid pide más Policía en el centro de acogida de Hortaleza tras el ataque del lunes

Los actos violentos vividos el pasado lunes en Hortaleza llevaron ayer a la Comunidad de Madrid a reclamar una mayor presencia policial en torno al centro de primera acogida de menores que se encuentra en el distrito y depende del sistema de protección a la infancia Gobierno regional.

El Ayuntamiento se comprometió a ampliar el número de efectivos de la Policía Local en la zona y la Consejería de Políticas Sociales y Familia del Gobierno autonómico decidió aumentar de tres a cuatro el número de vigilantes nocturnos en el centro.

El pasado lunes, un grupo de 30 personas trató de asaltar de forma organizada y armadas con palos, piedras y botellas el centro, que acoge mayoritariamente a menores extranjeros no acompañados (menas), provocando daños en el exterior del mismo y en las calles cercanas.

Según el relato de José, un educador social del centro de Hortaleza, los asaltantes, que iban encapuchados, llegaron a acceder al interior del mismo y se produjo una reyerta entre ellos y los menores que residen en el mismo.

La Policía Nacional detuvo a uno de los miembros del grupo asaltante, un varón de 25 años, de nacionalidad dominicana y con antecedentes policiales. Fuentes de la Jefatura Superior del cuerpo en Madrid afirman que “no se trató de un incidente relacionado con bandas latinas”.

Desde la Consejería, por su parte, se subraya que se trató de un “problema puntual” y que su voluntad es que “esto no se convierta en un conflicto” y “evitar que estos jóvenes que intentaron agredir a los menores del centro vuelvan a repetirlo”.

Un centro masificado

El centro de Hortaleza es una instalación de educación psicosocial pensada para acoger temporalmente a menores tanto extranjeros como nacionales de entre 14 y 17 años en situación de tutela.

Sin embargo, la falta de centros específicos a los que derivar a los menores ha generado que los niños acogidos en Hortaleza lleguen a estar allí hasta 10 meses y que, a pesar de contar con 50 plazas, haya llegado a haber más del doble de menores acogidos.

“El conflicto que hubo fue un tema de un robo a un chaval concreto y estos vinieron a tomarse la justicia por su cuenta”, relata José, el educador social del centro. “Tenemos 10 chavales que consumen mucho disolvente, aparte de tener problemas de salud mental, que roban en el barrio y lo que da pena es que tenemos 90 chavales majetes, que por esos 10, pagan justos por pecadores.

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, una gestora de centros concertados de protección a menores no acompañados, denunció ayer ante la Fiscalía especial de delitos de odio de la Comunidad de Madrid la reyerta, al entender que hubo un delito de odio.

La organización denunció igualmente que la nota de prensa enviada tras la intervención por la Policía Nacional “rebaja la situación de asalto a un centro de menores tutelados (...) a una suerte de respuesta por posibles agresiones previas” y considera que el ataque “incorpora todos los elementos típicos de una motivación de odio xenofóbico”.

“Atacar un centro de niños protegidos es un delito de odio que no se puede justificar poniendo en pie de igualdad a los menores y a los asaltantes”, declara Rafael Escudero, director general de la organización. “Es un delito porque han ido a por todo el centro de acogida, donde hay menores de todo tipo, entre ellos tres niñas”.

"No deberían estar aquí"

Ayer por la noche, un grupo de personas se concentraron en la puerta del centro manteniendo, según el relato de los educadores del mismo, una actitud agresiva hacia los menores acogidos, obligando a la Policía a formar un cordón en la entrada.

“Hay algunos medios que han criminalizado al centro, hay chavales del centro que cometen delitos en el barrio, pero son un 10%”, denuncia el educador social. “Son chavales con una problemática muy concreta y estudiada, no deberían estar aquí, sino en un recurso específico”.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, acudió la semana pasada al centro, reclamando a la Comunidad que no se autorice más centros para menas en la región asegurando que generaban un “efecto llamada”.

La red de tutela de menores es pública y dependiente de la Comunidad, pero casi todos los centros son gestionados de manera privada por fundaciones como Diagrama, Samu o Caritas.

“Este centro tiene que existir, en el estado de bienestar, la protección a la infancia demuestra la madurez de una democracia”, defiende José, el educador social. “La protección a la infancia es un derecho fundamental”.