Varapalo judicial para el PSOE-A después de que la sentencia de la pieza política de los ERE haya condenado a los que durante una década fueron los máximos responsables del Gobierno andaluz.
La Audiencia de Sevilla ha dado a conocer en la mañana de este martes la sentencia por la pieza política del caso de los ERE, que condena al expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves a 9 años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación. Y condena también al expresidente José Antonio Griñán a 15 años y dos días de inhabilitación y a seis años y dos días de prisión por un delito continuado de malversación.
En ambos casos, la sentencia determina que los expresidentes eran "plenamente conscientes de la palmaria y patente ilegalidad de los actos" en que participaron.
El resto de condenados
En cuanto al resto de los procesados, de los 21 acusados finalmente han sido condenados 19. Aquellos que, como Chaves, solo estaban acusados de un presunto delito de prevaricación, han sido también condenados a 9 años de inhabilitación, excepto Francisco del Río, exjefe del gabinete jurídico de la Junta, que ha sido absuelto. Los cuatro condenados por prevaricar, además del expresidente, son los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, el exviceconsejero de Economía y Hacienda José Salgueiro y el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano.
Los exconsejeros Antonio Fernández, Francisco Vallejo y José Antonio Viera han sido condenados por malversación a 7 años y un día de prisión y a 18 años de inhabilitación, mientras que la exconsejera Carmen Martínez Aguayo ha sido condenada a 6 años de cárcel. Por su parte, los exviceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez han sido condenados a 7 y 6 años de prisión, respectivamente.
La sentencia ha sido también condenatoria para el ex director General de Trabajo Francisco Javier Guerrero, considerado uno de los principales implicados, que ha sido condenado a 7 años y 11 meses de prisión y 19 años de inhabilitación. Así como para el también exdirector de Trabajo Juan Márquez (7 años y un día de prisión).
Por último, los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo Javier Aguado, Lourdes Medina y Juan Francisco Sánchez han sido absueltos del del delito de malversación y condenados a entre 8 y 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. El ex director general del IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano ha sido condenado a 6 años de prisión por malversación, mientras que el ex director general de IDEA Jacinto Cañete ha sido absuelto de malversación y condenado a 8 años de inhabilitación por prevaricar.
El fallo solo contempla dos absoluciones completas: la del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, al que el fiscal acusaba de prevaricación y malversación, y el ex jefe del gabinte ejurídico Francisco del Río, acusado también de ambos delitos.
Cabe recordar que los 21 procesados se enfrentaban a penas de 10 años de inhabilitación en el caso de los seis acusados por presunta prevaricación, y a penas de hasta 30 años de inhabilitación y entre seis y ocho de prisión los 15 acusados por prevaricación y malversación.
La sentencia que este martes se ha dado a conocer, casi un año después de que finalizara el juicio, no es firme, por lo que los acusados podrán recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo, tal y como ya han anunciado los condenados que harán.
Qué dice la sentencia
Los jueces han determinado que los responsables de la Junta establecieron un "sistema distinto" de concesión de ayudas, a través de varias modificaciones presupuestarias, que sirvieron para eludir la "fiscalización previa por parte de la Intervención". Confirma el fallo que las ayudas se pagaban a través del IFA (luego Agencia IDEA) por orden del director general de Trabajo de la Consejería de Empleo, que "carecía de competencia legal para la concesión de subvenciones".
Este sistema permitió, continúa la sentencia, que la Consejería de Empleo "eludira los procedimientos legalmente establecidos" para conceder las ayudas, así como su "fiscalización por la Intervención". Ello propició que las subvenciones se otorgaran por Empleo "al margen del presupuesto, imposibilitando así su fiscalización previa, lo que favoreció un descontrol absoluto".
Así, "no fue fiscalizado ni uno solo de los expedientes de concesión de ayudas" en el periodo enjuiciado, de 2000 a 2010, debido al "uso inadecuado de las transferencias de financiación", pese a que "en este caso [...] no está justificado el uso de las mismas".
En lo que a Griñán se refiere, la sentencia afirma que como consejero de Hacienda, tuvo conocimiento del uso "inadecuado" de las transferencias de financiación para el pago de ayudas, por lo que era "plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó". Y "asumiendo la eventualidad de que los fondos" del programa 31L -el conocido como fondo de reptiles- eran utilizados "con fines ajenos al fin público al que estaban destinados".
Sobre Manuel Chaves, dice también el juez que era "plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó", ya que considera "lógico" que "cualquier variación en el sistema de concesión" de las ayudas investigadas tuviera que pasar "por la decisión final" del "presidente de la Junta", incidiendo en que "resulta impensable" que un cambio como el que se llevó a cabo fuera una decisión solo del consejero de Empleo.
Sin filtraciones
Pese a la máxima expectación que ha levantado el caso de los ERE, los tres magistrados que dirigieron el juicio, Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente y Encarnación Gómez, han conseguido evitar las filtraciones de la sentencia. Después de lo sucedido en octubre con la del procés, que sí se filtró antes de hacerse pública, la Audiencia de Sevilla ha extremado las precauciones para salvaguardar el contenido del fallo hasta después de notificarlo a las partes.
El fallo se ha entregado a las partes en sala judicial, sin la presencia de los tres magistrados. En su lugar, una funcionaria ha ido llamando a cada acusado y su procurador para hacerle entrega de la sentencia, que tiene un total de 1.821 páginas, en soporte digital y una copia en papel.
Implicaciones políticas
Aunque la sentencia se esperaba para finales del pasado octubre, el fallo se ha conocido finalmente después de las elecciones generales del 10 de noviembre. No obstante, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, aseguró hace tan solo unos días que “no es cierto” que la sentencia "se haya retrasado deliberadamente" hasta después de los comicios. "El tiempo ha sido el que ha pedido el ponente y el tribunal, y nosotros como sala de gobierno hemos dado lo que se nos ha pedido de tiempo", añadió.
La sentencia, en cambio, sí llega en plenas negociaciones para la formación de Gobierno a nivel nacional. Y con un PP, Cs y Vox muy alertas y dispuestos a pedir responsabilidades al presidente en funciones, Pedro Sánchez.
La génesis judicial
El origen judicial del caso se remonta al 2011, cuando la jueza Mercedes Alaya inició una investigación sobre presuntas ayudas irregulares en Mercasevilla. La causa adquirió tal envergadura que en el año 2015, la jueza María Núñez decidió, en contra del criterio de su antecesora, Alaya, dividir la causa en tres grandes piezas: la política sobre el procedimiento específico, la relativa a las sobrecomisiones cobradas por los intermediarios (aseguradoras y sindicatos) en la tramitación de las ayudas y un tercer bloque, dividido a su vez en cientos de piezas, por cada una de las ayudas concedidas a las empresas.
Unos meses después, la propia magistrada rediseñó la división acordada para, por un lado, dejar como pieza matriz la causa original de los ERE de 2011. Y por otro, seis piezas, entre ellas, la política. A día de hoy, hay todavía en tramitación más de 180 piezas, pero de todas ellas, la única que ha llegado a juicio ha sido la política.
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