Chaves y Griñán, condenados por los ERE
La justicia ha dictado sentencia contra los que fueran máximos responsables de la Junta de Andalucía durante toda una década. Y lo ha hecho de manera contundente, condenando a 19 ex altos cargos del Gobierno andaluz –entre ellos, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, seis exconsejeros y tres exviceconsejeros– por el que se considera el mayor caso de corrupción del PSOE, el de los expedientes de regulación de empleo, el caso de los ERE. De los 21 acusados que se sentaron en el banquillo durante el juicio de la pieza política, dos han resultado absueltos, diez condenados a prisión e inhabilitación por un delito de malversación y otros nueve, solo a penas de inhabilitación por prevaricación. Griñán afronta seis años y dos días de cárcel y 15 de inhabilitación y Chaves, nueve de inhabilitación.
La esperada sentencia, que este martes por fin se hizo pública, supone un punto y aparte en una macrocausa que ha marcado la vida política andaluza desde hace años. El punto y final de esta pieza lo pondrá el Tribunal Supremo (TS), instancia a la que los condenados ya han anunciado que van a recurrir, ya que el fallo dictado no es firme.
La jornada del martes amaneció gélida en la capital hispalense. Los acusados estaban citados a las 12.00 horas en la Audiencia de Sevilla, donde la expectación era tal que la Policía tuvo que habilitar vallas de seguridad. La jueza Mercedes Alaya, que inició la instrucción del caso en 2011 y que no ha querido pronunciarse sobre la sentencia, fue de las primeras en dejarse ver a su llegada al tribunal, donde tiene una plaza de magistrada desde 2015. Sobre las 11.30 horas llegó Griñán y un cuarto de hora más tarde, Chaves. Junto a ellos, nombres como el de Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías, Antonio Fernández, José Antonio Viera o Francisco Javier Guerrero, todos ellos pesos pesados de la Junta también condenados.
Tras recibir los acusados la sentencia, tanto en soporte digital como en papel, esta se hizo pública a las 13.00 horas, consiguiendo así la Audiencia el objetivo prioritario que se había marcado: que no hubiera filtraciones.
Un "sistema opaco"
El fallo, de 1.821 páginas, utiliza hasta en 12 ocasiones el término "descontrol". Con él se refiere al "procedimiento específico" creado por los condenados en el año 2000, con Chaves de presidente, para conceder ayudas sociolaborales a empresas en crisis, un "sistema opaco" que permitió "eliminar los mecanismos de control legalmente establecidos". Como resultado, continúa la sentencia, "no fue fiscalizado ni uno solo de los expedientes de concesión de ayudas" del programa 31L –el conocido como "fondo de reptiles"– durante el periodo enjuiciado, desde 2000 hasta 2009, lo que generó un menoscabo de fondos públicos de 680 millones de euros.
De los dos expresidentes, la sentencia afirma que "eran plenamente conscientes de la palmaria y patente ilegalidad de los actos en los que participaron". Y en el caso de Griñán, además, añade que asumió "la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31L fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados", razón por la que ha sido condenado por malversación, elevándose su pena a la de prisión.
Comisión de investigación
El contenido de la sentencia, cuyas penas más elevadas son de 7 años y 11 meses de cárcel para el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero –que ya estuvieron en prisión durante la instrucción– dista mucho de las conclusiones de la comisión de investigación que en el año 2012 se llevó a cabo en el Parlamento de Andalucía y que eximió de responsabilidad política al Consejo de Gobierno de la Junta.
Pese a ello, en 2013 Griñán dimitió como presidente de la Junta, acuciado por los ERE, para ceder el testigo a Susana Díaz -que hasta ahora, no se ha pronunciado sobre la sentencia-, que convocó elecciones autonómicas en 2015. Las ganó, pero su investidura dependía entonces de Cs, que exigió a cambio de su apoyo que Chaves y Griñán dejaran sus escaños. Lo hicieron en julio de 2015 y un año y medio más tarde, junto a los exconsejeros Gaspar Zarrías y Francisco Vallejo, se dieron de baja en el PSOE.
"Es una cuestión de tres o cuatro golfos", llegó a decir Chaves sobre el caso de los ERE. Pero el varapalo judicial de este martes pone en cuestión décadas de gestión de los socialistas en Andalucía, que habrían tejido todo un entramado de redes clientelares a base de ayudas a empresas para conseguir mantenerse en el poder. Ahora, con un Gobierno en la Junta de otro color político por primera vez en casi 40 años, y con el PSOE-A en la oposición intentando recomponerse, queda por ver cómo afectará esta sentencia al futuro de la comunidad.