El PSOE se apoya en PP y Cs para aprobar el decreto del "155 digital" y evita mencionar Cataluña

Aunque amortiguado, este miércoles se produjo el primer choque entre PSOE y Unidas Podemos a raíz de la crisis territorial en Cataluña desde que ambas fuerzas firmaron su alianza hace un par de semanas. El Gobierno se vio obligado a apoyarse en los votos de PP y Ciudadanos para sacar adelante el decreto contra la llamada "república digital catalana", ya que sus potenciales socios de investidura -PNV, ERC o Compromís- votaron en contra y Unidas Podemos se abstuvo.

El decreto se debatió en la sesión que celebró este miércoles la Diputación Permanente, el órgano reducido que gestiona el Congreso fuera de los periodos de sesiones. La norma, aprobada por el Gobierno a principios de mes, faculta al Gobierno a cerrar webs y servidores sin autorización judicial y prohíbe algunos proyectos de la Generalitat, como la creación de un registro catalán de identidad (IdentiCAT).

El texto fue defendido por la ministra de Economía, Nadia Calviño, que mantuvo un tono moderado y técnico en un claro intento por rebajar el tono y no soliviantar a las formaciones independentistas en un momento en el que el PSOE negocia con ERC la investidura de Pedro Sánchez. De hecho, pese a que el propio Sánchez dijo hace unas semanas que el decreto serviría para frenar la "independencia online", Calviño no hizo siquiera una mención a Cataluña en su exposición.

Sin embargo, eso no evitó las durísimas críticas de los independentistas catalanes. Mientras Junts per Catalunya lo tachó de "Ley Corcuera digital", ERC espetó al PSOE que “con el 'todo vale' contra el independentismo están legitimando la limitación de derechos y libertades de toda la ciudadanía" y acusó a los socialistas de "brindar en bandeja al trifachito un decreto que permite perseguir a grupos" contrarios al "statu quo".

Por su parte, Unidas Podemos no fue tan duro en su intervención, aunque sí exigió al Ejecutivo que las decisiones administrativas estén sujetas al "control judicial" y que se salvaguarden los derechos fundamentales. Tras varios días de dudas, la formación morada no decidió su voto hasta el último momento: sus diputados se abstuvieron argumentando que el Gobierno ha "tomado nota" de sus peticiones, según fuentes de la formación.

No obstante, el decreto se aprueba tal cual lo redactó el Ejecutivo: cualquier modificación tendrá que hacerse a posterior a través de una reforma legal. Pero, con su abstención, Unidas Podemos -que criticó duramente hace pocas semanas el texto y aseguró que no iba "a ninguna parte"- evita escenificar un choque frontal con el PSOE, con quien aún negocia una coalición para la legislatura entrante.

"Esperanza" en la negociación

Pese a las duras críticas de ERC, el PSOE confía en que la reunión que mantendrá este jueves con los republicanos para comenzar las negociaciones formales para la investidura de Pedro Sánchez sea positiva. Este mismo miércoles, la portavoz parlamentaria de los socialistas, Adriana Lastra, aseguró tener puesta su "esperanza" en este encuentro, y rechazó "entrar en un cruce de declaraciones" y responder a su homólogo de ERC, Gabriel Rufián, que el martes afirmó que Sánchez está negociando porque ha sido "derrotado".

No fue el único gesto conciliador del PSOE de cara a la reunión del jueves. Si ERC concretó el martes que acepta que la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el catalán se convoque tras las elecciones, este miércoles la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dejó claro que esa mesa intergubernamental, lejos de suponer un problema para el PSOE, "ya existe" y está recogida en el Estatuto de Cataluña. 

"La comisión bilateral está reconocida en el Estatuto", aunque "el anterior Gobierno" la "despreció", planteó Calvo, que insistió en que en esa mesa "se sientan Gobierno y Gobierno de manera obligada y necesaria".  Aunque eso sí: el PSOE no hablará en ningún caso del "derecho a la autodeterminación", que a su juicio "no existe" porque "no está en nuestra legalidad" y del que los socialistas, además, están en contra.

Calvo, además, rebajó la importancia del decreto contra la república digital catalana que se convalidó este miércoles y llegó a asegurar que "no es un decreto contra la república digital catalana", pese a que el propio Gobierno lo vendió así hace menos de un mes. "Es parecido a la legislación de otros países para proteger derechos y libertades" y "ofrecer más seguridad y garantías a los ciudadanos", se limitó a plantear.