El Supremo falla que la venta de casi 3.000 viviendas del Ivima a fondos buitres en 2013 fue nula

El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de la venta de casi 3.000 viviendas públicas del antiguo Ivima a la empresa Encasa Cibeles, participada por el fondo de inversión Goldman Sachs-Azora, en 2013, siendo presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. 

Cientos de familias madrileñas podrían ser expulsadas de sus viviendas por un 'fondo buitre'

La decisión del Alto Tribunal se ha conocido este jueves, cuando ha trascendido que la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha inadmitido a trámite los recursos que presentó la Comunidad de Madrid y la empresa Azora contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ya decretó la nulidad de esta operación el pasado mayo dando la razón a los vecinos. 

Según consta en el auto de inadmisión al que ha tenido acceso 20minutos, los magistrados del Supremo entienden que los recursos de la Comunidad y Azora no proceden (aludiendo, entre otros argumentos, a "carencia manifiesta de interés casacional") y de hecho les condena a pagar las costas del procedimiento, que limita hasta los 2.000 euros más IVA a cada una de las partes recurrentes. 

La decisión del Supremo avala el sentido del fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJM) que a su vez dio validez a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid. Esta resolución calificó de "irregular" la enajenación de 32 promociones de viviendas protegidas del Ivima y afirmó que la venta al fondo buitre quebró "la protección social" de las personas que vivían en ellas. 

Las casi 3.000 viviendas que formaban estos edificios, y que fueron vendidas por 201 millones de euros, están ubicadas en Madrid (1.380), Móstoles (259), Torrejón de Ardoz (224), Tielmes (21), Parla (240), Collado Villalba (44), Majadahonda (332), Navalcarnero (192), Leganés (36), Valdemoro (80) y Arroyomolinos (127). 

La Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social se ha congratulado de la inadmisión de los recursos aunque "no puede cantar victoria definitiva", pues aún queda por resolver otro recurso presentado en la Sala Especial del Supremo aunque esta resolución deja claro que "las viviendas deben volver" a ser de titularidad pública. 

"Exigimos igualmente la reparación del daño causado. Se han ejecutado centenares de desahucios durante todos esos años de forma absolutamente ilegal", ha concluido.