Sánchez e Iglesias apuestan por superar el conflicto catalán por "la vía política"

Sánchez y Torra durante un encuentro en diciembre de 2018.
Sánchez y Torra durante un encuentro en diciembre de 2018.
EFE
Sánchez y Torra durante un encuentro en diciembre de 2018.

El acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos dedica el capítulo 9 a la "Cohesión y Eficiencia: actualización del Estado Autonómico" del que dos párrafos hacen referencia a Cataluña

Según el documento, ambas formaciones se comprometen a abordar "el conflicto político catalán, impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual". Son tan solo tres líneas pero que dejan clara la apuesta por el diálogo y la negociación como el camino a seguir para desbloquear la actual situación de conflicto entre Cataluña y España, y acordar su encaje. 

Recoge también el documento que, siguiendo los dictámenes del Tribunal Constitucional, "traspasaremos a la Generalitat aquellas competencias pendientes ya reconocidas en el Estatut de Cataluña en materias como la gestión de becas universitarias, la formación sanitaria especializada, el salvamento marítimo o la ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional".

Los "desequilibrios" del sistema autonómico

Aunque estos son las únicas referencias a Cataluña en concreto, en documento aborda ampliamente las "tensiones" territoriales y reconoce que el sistema autonómico "adolece de notorias disfunciones, desequilibrios y carencias" que no solamente "dificultan la correcta provisión de servicios a la ciudadanía" si no que también tensionan la relación "entre el Gobierno Central y los Gobiernos autonómicos".

En esta línea, PSOE y UP se comprometen a mejorar "la colaboración y coordinación institucional"  entre administraciones y a promover la partlcipación de las Comunidades Autónomas en los "procesos de toma de decisión estatales".

Una colaboración que se trabajará dando más competencias a los organismos de relación entre el Estado y la Comunidades Autonómas ya existentes como por ejemplo fijar una reunión anual de la Conferencia de Presidentes

Unos mecanismos que, según el documento, no impedirá otro tipo de reuniones entre el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas "especialmente cuando se trate de dirimir un asunto de interés específico". 

En todo caso, el acuerdo establece que "esas relaciones bilaterales siempre se regirán por los principios de lealtad y colaboración entre territorios que fija la Constitución".

Definir la competencias del Estado y de las CCAA

El PSOE y Unidas Podemos reconocen en el documento que la falta de definición de las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas acaba provocando "fricciones judiciales" que se resuelven en los tribunales y no por la vía política. 

Por ello, consideran que "fundamental" definir correctamente las competencias del Estado y que las comunidades autónomas "dispongan de las capacidades necesarias para un autogobierno eficiente a la par que respetuoso con el interés general". 

Para un correcto funcionamiento de esta medida se creará "un Comité de expertos" que asistirá y dará soporte al Gobierno con el objetivo de evitar en la medida de lo posible la vía judicial. 

Descentralización del Estado y sistema de financiación

El acuerdo de Gobierno que han firmado este lunes Pedro Sánchez y Pablo Iglesias afronta también el "reto demográfico" en España y plantean como solución la "desconcentración institucional del Estado" esto quiere decir el traslado "total o parcial" - por la vía del diálogo y consenso- de las sedes de diversas instituciones y organismos a distintas ciudades.

Otro mecanismo será aprobar un nuevo sistema de financiación autonómico que "resuelva las carencias, asimetrías y ambigüedades del sistema actual". El nuevo sistema debería "garantizar la lealtad y solidaridad entre territorios y la igualdad de todos los españoles y españolas" además de "asegurar la justa distribución de los recursos públicos y la capacidad de las comunidades autónomas para proveer los servicios y prestaciones sociales que son de su competencia."

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