Inspección de Trabajo sancionó cuatro veces a la empresa petroquímica Iqoxe

La Inspección de Trabajo de Cataluña ha desvelado este jueves que Iqoxe, la empresa donde explotó el martes un depósito de óxido de etileno, ha sido sancionada cuatro veces en los últimos años, con multas que oscilan entre los 2.000 y los 8.000 euros, por diversos incumplimientos de normativa, y ha avanzado una investigación sobre este accidente. 

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El conseller de Trabajo de la Generalitat, Chakir El Homrani, ha asegurado que la Inspección de Trabajo irá "hasta el fondo para aclarar las causas y las responsabilidades de un accidente muy grave", que ha causado tres muertos y siete heridos. 

El Homrani ha precisado que de los cuatro expedientes que culminaron en sanción, una se impuso por las condiciones de trabajo y las otras tres por incumplimientos en materia de salud y seguridad.

Dos expedientes ahora

El conseller de Trabajo ha explicado asimismo que Inspección de Trabajo de la Generalitat ha abierto dos expedientes a la química Iqoxe después de la explosión. El Homrani ha explicado que el departamento activó la Inspección de Trabajo de Guardia justo cuando se produjo la explosión, si bien los especialistas de Inspección no han podido acceder a la empresa porque sus instalaciones están confinadas hasta que los cuerpos de emergencia acaben su intervención y certifiquen que es seguro su acceso.

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Ha reconocido que el proceso será "largo y complejo" por el estado en que han quedado las instalaciones de Iqoxe, si bien ha advertido de que se acabarán sabiendo las causas y responsabilidades.

Sanciones

Preguntado por el importe de la sanción que se puede imponer en el caso de que Iqoxe no siguiera los protocolos de actuación correspondientes, El Homrani ha indicado que se tiene que analizar y que para ello cuentan con especialistas en espacios confinados y explosiones, si bien ha avanzado que puede ser una "sanción muy grave" si se detectan irregularidades.

Por otro lado, la Fiscalía de Tarragona está a la espera de los informes que preparan los Mossos d’Esquadra e Inspección de Trabajo para determinar si las muertes causadas por la explosión pueden constituir, al menos, dos delitos de homicidio imprudente. Una vez disponga de esos informes, el ministerio público podría solicitar al juez nuevas diligencias para determinar si la explosión se debió a algún tipo de negligencia, si las medidas de seguridad laboral eran las adecuadas y si se actuó con "diligencia" en la manipulación de las sustancias implicadas en la explosión. En la causa judicial abierta se deberá hacer una valoración de los daños materiales provocados por la explosión, que alcanzaron a edificios e infraestructuras situados fuera de la petroquímica, entre ellos el piso parcialmente derrumbado por la onda expansiva de la explosión que provocó la muerte de una tercera persona.

Asimismo, la Federación de Industria del sindicato USOC ha exigido la revisión de los protocolos de actuación y comunicación de la petroquímica, que puso de manifiesto "algunas carencias" en su aplicación y en la activación de las alarmas. El sindicato considera que estos protocolos no han de ser solo ante el riesgo de nube tóxica, sino también ante la caída de objetos con el evidente riesgo que esto supone para trabajadores y población.