Baleares aprueba un decreto pionero que prohíbe las 'ofertas de borrachera' y expulsará a quien practique balconing

El gobierno balear ha aprobado este viernes un decreto ley pionero en Europa que prohíbe en las zonas turísticas de la Playa de Palma y Magaluf en Mallorca y el West End de San Antoni de Ibiza el alcohol de borrachera y que, además, expulsará de los hoteles de Baleares a los turistas que practican el balconing.

El decreto prohíbe en estas tres zonas la publicidad referida al consumo de alcohol y las barras libres, las excursiones etílicas ("pubcrawling"), las "happy hours", los "2x1" ó "3x1", los autodispensadores de alcohol, así como la venta de alcohol en tiendas entre las 21.30 y las 8.00 horas. Las bebidas deberán cobrarse a un precio unitario, sin posibilidad de promoción alguna.

Los turistas que practiquen o permitan el balconing en cualquier hotel de Baleares deberán ser expulsados "inmediatamente" del establecimiento en cuestión y se enfrentarán a multas de entre 6.001 a 60.000 euros.

Además, este nuevo decreto limita las "party boats": se suspende la concesión de nuevas licencias hasta la regulación de esta actividad en un plazo de 24 meses y los barcos que cuentan con licencia no podrán embarcar ni desembarcar a los turistas en ninguna de estas tres zonas, que son las áreas calientes del turismo de borrachera de Baleares.

Decreto ley para frenar el turismo de excesos

El decreto ley se ha aprobado con el objetivo de frenar el turismo de excesos en determinadas zonas -Playa de Palma, s'Arenal, Magaluf y el 'West End' de Sant Antoni- con medidas para fomentar un "cambio real del modelo turístico" ante el "abuso de alcohol" en dichos puntos. El decreto incluye, entre otros aspectos, la prohibición de los comercios de vender alcohol a partir de las 21.30 horas, de saltar entre balcones (el 'balconing') y de las excursiones etílicas.

Así lo ha presentado en rueda de prensa tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, quien ha sostenido que es una medida "valiente" y que apuesta por "un turismo sostenible y de calidad". "Permite combatir distintas prácticas que se producen en las Islas que creíamos que era necesario regular", ha añadido.

El conseller ha explicado que el decreto es de "carácter inmediato" y, por ello, la aplicación de éste está prevista que sea efectivo a partir de Semana Santa de este 2020. Tendrá una vigencia de cinco años.

Para mejorar el seguimiento de las medidas contempladas se creará una comisión, formada por el Govern y representantes de Delegación del Gobierno, y una subcomisión, por patronales y asociaciones empresariales y vecinales.

Finalmente, el conseller ha recordado que la normativa cumple con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y de la Agenda Balear 2030 "en busca de un turismo más sostenible y respetuoso, tanto con el entorno como con la calidad de vida de turistas y residentes".