Reducir desahucios, más alquiler social y controlar a grandes propietarios... así es la nueva ley de vivienda de Cataluña

"Dejaremos atrás el ranking de la vergüenza de desahucios en Cataluña", así de contundente se ha expresado la portavoz de la PAH, Lucía Delgado después de que el pleno del Parlament ha validado este miércoles el decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. 

Un decreto que ha de servir para combatir la emergencia habitacional, aumentar la cantidad de viviendas protegidas en régimen de alquiler y contribuir a moderar los precios de alquiler privados en Cataluña.

Las entidades y promotores de la ILP Vivienda han advertido que su lucha no acaba con la convalidación del decreto. Afirman que "continuarán exigiendo un plan de choque contra la emergencia que contemple medidas valientes" como por ejemplo poner a cero la lista de espera para acceder a un piso de la Mesa de emergencia. Actualmente esta lista es de casi 2 años y hay 2.500 familias a la espera de una vivienda. 

Exigirán también que se movilicen los "miles de pisos vacíos propiedad de la banca y fondos de inversión" para destinarlos a vivienda social. 

Las entidades recuerdan que en Cataluña se producen 49 desahucios al día, según datos del Consejo General del Poder Judicial.  

Críticas de los promotores y constructores

El presidente de la Associació de Promotors de Catalunya (Apce), Lluís Marsà, ha alertado de que el Decreto Ley puede suponer un freno del mercado del alquiler que provoque un aumento de los precios: "Dificultará mucho las operaciones, la construcción y, a medio plazo, desgraciadamente puede suponer un freno. Y entonces puede tender, por consecuencia de la oferta y la demanda, a que los precios suban y el alquiler también suba o se deje de hacer, que aún será más grave", ha dicho.

Marsà ha criticado que habrá que ofrecer una vivienda en situaciones de emergencia habitacional cuando finalicen los contratos y ha lamentado "que se haya incorporado la legalización de las ocupaciones en ciertos supuestos, a los que también tendría que ofrecerles vivienda a los 'okupas' sin ningún título legal". 

En un manifiesto junto a otros actores del sector inmobiliario, la Apce ya alertó a finales de enero de que el Decreto Ley obliga a las personas físicas o jurídicas tenedoras de más de 15 viviendas a ofrecer una renta social por un período de hasta 14 años y calculada según los ingresos de los inquilinos en riesgo de exclusión social.

El documento estaba firmado por la Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya (Aic), el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i Província, la Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya (Apce), la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona-Lleida y el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. 

¿Qué medidas contempla en nuevo decreto?

El decreto prevé expropiar a los grandes tenedores de pisos desocupados durante más de dos años, con un precio un 50% inferior. Además se amplía la definición de gran tenedor, que incluye a personas físicas con más de 15 viviendas. 

Para combatir las situaciones de emergencia residencial, se amplía la duración del contrato de alquiler social obligatorio que deben ofrecer los grandes tenedores: pasa a ser de tres a cinco años si se trata de una persona física, o de tres a siete años si es jurídica.

Además, implementará medidas para movilizar edificios con obras inacabadas con el fin de generar más vivienda asequible, si tienen finalizados el 80% de los trabajos, para acabarlos y destinarlos a alquiler social, ha destacado el conseller.

La norma establece que la vivienda protegida tendrá un módulo único de un mismo precio, e incluye medidas para moderar precios de alquiler, aunque las competencias de la Generalitat en este ámbito son limitadas.

El control de precios se hará mediante el Índice de Referencia del precio de alquiler: deberá constar en los anuncios de viviendas de alquiler y en los contratos, y ningún propietario que alquile su vivienda por encima de este índice podrá recibir a ayudas y subvenciones de la Generalitat para esa vivienda.

El decreto prorroga seis años el ejercicio del derecho de tanteo y retracto para administraciones y entidades del tercer sector -su derecho preferente a adquirir un inmueble para vivienda asequible-, alargándolo hasta 2027. Por el momento la Generalitat ha adquirido 3.000 viviendas por esta vía desde 2015 para el parque público.

Entidades sociales de toda España se han felicitado por la nueva ley catalana que, afirman, "esperan llegue a todos los rincones del país"