Cada año, España recibe miles de millones de la UE en ayudas directas a la agricultura. En concreto, en 2018, el campo español fue con 5.315 millones, el segundo mayor receptor después de Francia de unas subvenciones que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere redirigir hacia lo que denomina “clase media” de agricultores, precisamente los que la semana pasada salieron a a la calle para protestar. Lo podrá hacer gracias a que en un par de años la decisión sobre quién se beneficiará de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) dejará de ser de la Comisión Europea y pasará a manos de los Estados miembros. 

Todavía queda un debate "duro" en Bruselas, dicen en el sector, donde avisan de que cuando Miguel Arias Cañete era ministro de Agricultura ya se permitió a los gobiernos diseñar sus planes de ayudas, aunque el Gobierno del PP las dejó casi tal y como estaban. La diferencia ahora es que Sánchez quiere utilizar esta potestad para redirigir el destino de las ayudas, de manera que ya no serían las grandes explotaciones que funcionan por sí mismas y que hoy son las mayores receptoras de unas subvencione que se dan a la hectárea. A la inversa, el Gobierno tampoco cree que explotaciones menores en manos de personas o familias que no tienen el campo como su medio de vida sea el destino más apropiado de las ayudas. 

"Las ayudas tienen que redirigirse a sectores que necesitan una ayuda para poder subsistir"

Si el gobierno obtiene luz verde de Bruselas para discriminar las ayudas en función de la menor competitividad de los cultivos o de quién lo necesita más, los beneficiarios serán los agricultores que viven del campo y en zonas donde la economía depende de la renta agraria. Este es el plan que Sánchez podría llevar a cabo casi al final de legislatura, puesto que no está previsto que la PAC reformada eche a anda hasta 2022-2023. En todo caso, la posición del Gobierno es muy clara.

Reparto justo y guerra de guerrillas

Según dijo el presidente la semana pasada en Bruselas, una de las cuestiones fundamentales en la reforma de laPAC y en la negociación en curso del Presupuestos de la UE tiene que ver "con los pagos directos a nuestros pequeños y medianos agricultores". 

"Tienen que redirigirse a sectores que necesitan una ayuda para poder subsistir", con menos rentabilidad y con costes de producción muy altos, que los hace menos competitivos, explica la eurodiputada socialista Clara Aguilera, que también adelanta "una guerra de guerrillas" cuando el Gobierno se ponga a redistribuir las ayudas agrícolas, no ya entre comunidades, sino entre provincias, por ejemplo en Andalucía.

Limitar las ayudas

La redirección de las ayudas es la forma que contempla el Gobierno para ayudar a los agricultores que realmente viven del campo, algo a lo que también contribuiría otra de sus apuestas de cara a la negociación de la PAC en Bruselas. Aunque no tiene visos de salir adelante por la oposición de la derecha europea y del Este, Sánchez respalda a la Comisión para poner tope a la cantidad de ayudas que puede recibir una explotación. Sería de 60.000 euros al año, que España ve bien elevar hasta los 100.000 si crea empleo.

Estas cifras contrastan con los 400.000, 500.000 o 600.000 que perciben algunas en la actualidad. "Es socialmente escandaloso que una enorme explotación vayan ayudas por importe de 600.000 euros de ayudas públicas", dice Aguilera, que vuelve a lo que defiende el Gobierno en Bruselas con la idea de "hacer una distribución distinta [de las ayudas agrícolas] para beneficiar a quienes tienen más dificultad". El PSOE considera que repercutiría no solo en los propietarios, sino en todo el territorio que depende de sus explotaciones.