Vox pide que las familias que se muden a la España vaciada mantengan sus ayudas sociales

Casi la mitad de los municipios madrileños (78 de los 179 que conforman la región) tiene menos de 2.500 habitantes, una característica suficiente para enmarcarlos en la llamada España vaciada. Por ello, la Comunidad aprobó en junio de 2018 la Estrategia para Revitalizar los Municipios Rurales, con la que pretendía destinar 130 millones a esas localidades con el fin de facilitar el arraigo de la población y atraer nuevos vecinos a las mismas.

Con 60 medidas, el plan se desarrollará hasta el año que viene, aunque podría añadir alguna medida más. O eso al menos es lo que quiere Vox, que ha registrado una Proposición No de Ley en la Asamblea de Madrid para que el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso remueva "todos los obstáculos normativos" que, a su juicio, impiden a las familias vulnerables mudarse a la España vaciada por miedo a perder sus ayudas.

En este caso, el Grupo Parlamentario de Rocío Monasterio se centra en la Renta Mínima de Inserción (RMI). Tal y como expone el texto presentado por el diputado Íñigo Henríquez de Luna al que ha tenido acceso 20 Minutos, la problemática tiene dos aristas. En primer lugar, aunque quien la financia es la Comunidad, quien gestiona ese dinero son los ayuntamientos, que pueden tener problemas para comunicarse entre sí. "Es de suponer que en los traslados de municipios dentro de la Comunidad se podrá solucionar con relativa facilidad la continuidad de la prestación, pero no ocurre lo mismo si el traslado se realiza a un municipio fuera de la región", continúa el texto.

Además, en caso de que las familias decidan irse a un municipio de otra región puede encontrarse con un obstáculo más grande por la disparidad de criterios. Tal y como recuerda Henríquez de Luna, uno de los requisitos para percibir la RMI en Madrid es haber estado en el último año empadronado en Madrid, con una residencia "efectiva y continuada", pero no es el mismo en otras comunidades, donde pueden pedir hasta tres años. Otra diferencia es que en la región presidida por PP y Cs la paga es "vitalicia", mientras en Andalucía se ha de renovar cada año.

"La España autonómica no solo supone una barrera para el desarrollo económico, sino también para la atención social a los más vulnerables y necesitados; para paliar los problemas de despoblación no solo se requieren grandes políticas de gasto público, sino reformas normativas que garanticen la igualdad de derechos y obligaciones entre españoles", reza el texto. En este sentido, el diputado de Vox expone que, "en lo que afecta a la España vaciada, el de las ayudas sociales es un factor limitativo" y que, por ello, el Gobierno regional debe regularlo "al mínimo". "No tiene sentido que dejen de ir familias a municipios despoblados con oportunidades de vivienda o laborables por no perder su ayuda", concluye.