"El derecho a la vivienda no es aún universal, y se está tratando como un bien mercantil. Tiene que ser un derecho garantizado", ha reclamado este martes Ana Menéndez, de la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona (FAVB) durante la presentación en Barcelona del Pacte per a l'Habitatge 2020-2030, que firman una decena de entidades. Pretende ser un punto de partida para poner fin a la crisis de la vivienda que golpea especialmente a la capital catalana.
"Estamos ante una realidad crítica. Las trabajadoras y trabajadores no pueden acceder a una vivienda digna", ha añadido Liliana Reyes, de CCOO. "Un 20% de la población catalana está en una situación de riesgo de pobreza", ha continuado Susanna Roig, representante de la Taula d'Entitats del Tercer Sector de Catalunya. "Solo hay un 2% de vivienda social y hacen falta alternativas", ha concluido.
En el documento se analizan 21 factores que afectan al mercado de la vivienda y se presentan propuestas de solución. Piden que se tomen medidas ante la visita masiva de turistas, lo que afecta al precio de los pisos. También regular el mercado bancario en relación a los contratos hipotecarios y que se destine un 2% del PIB a la financiación de políticas de vivienda protegida.
El 27% de contratos son temporales, lo que influye en la pérdida de vivienda en propiedad
"El Estado, la Generalitat y el Ajuntament de Barcelona tienen que hacer fuertes inversiones. Salimos de un pacto anterior, del año 2007, que fue un fracaso", ha seguido Ana Menéndez. La misma actuación la ha reclamado también la portavoz de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), Lucía Delgado, explicando que lo que necesita la ciudadanía son "cambios reales y reforzar las leyes y medidas que ya hay".
Salarios y acceso a la vivienda
"La clase trabajadora destina más del 50% del salario a la vivienda. Tenemos una clase trabajadora empobrecida", ha dicho Liliana Reyes. En el pacto presentado, se refleja que el 27% de contratos son temporales, lo que influye en la pérdida de vivienda en propiedad.
En Barcelona hay 550 familias pendientes de que se les asigne una vivienda y que en muchos casos son ubicadas puntualmente en lugares que no cumplen los mínimos de salubridad
Desde CCOO han asegurado que, tras comparar salarios y oferta de vivienda en Cataluña, han observado que 9 de cada 10 personas destinan más de una tercera parte de su sueldo al pago de un alquiler, lo que está por encima de las garantías que se recomiendan.
Esta situación se agrava en el caso de las mujeres, que sufren la brecha salarial. "Son ellas especialmente las que tienen cargas familiares, las que sufren aún más este acceso a la vivienda", ha apuntado Liliana Reyes.
Las entidades proponen estabilizar el mercado financiero y regular el mercado bancario, introducir modificaciones en la legislación hipotecaria y derogar las reformas laborales del 2010 y del 2012.
Familias realojadas
"No nos podemos olvidar de las familias realojadas en pensiones. No podemos tener a las familias nueve meses en pensiones, cuatro personas en una habitación", ha explicado Lucía Delgado.
Según este documento, en Barcelona hay 550 familias pendientes de que se les asigne una vivienda y que en muchos casos son ubicadas de forma puntual en lugares que no cumplen los mínimos de salubridad.
El acceso a la vivienda se complica con la discapacidad
"En las personas con discapacidad física, el acceso a la vivienda se complica más", ha apuntado Montserrat García, de ECOM. "Y además, si no tienes vivienda, no tienes asistencia personal", ha añadido.
Ha destacado que, según un informe del Ajuntament, una persona con discapacidad gasta entre 17.000 euros y 40.000 euros más al año que una persona que no tenga esta condición. "El salario de las personas con discapacidad es un 17% más bajo y el de las mujeres con discapacidad es aún menor", explica.
"Si no tienes vivienda, no tienes asistencia personal"
El Pacte per a l'Habitatge pide cambiar las viviendas no adaptadas y sin ascensor por viviendas adaptadas, con ascensor y sin barreras arquitectónicas. En el precio de los alquileres, las viviendas que cuentan con elevador son más caras, por lo que se llama a una regulación de esta situación.
Vivir en la calle no da derecho a acceder a la Mesa d'Emergències Socials
En el documento hay un lugar destacado para las medidas que se refieren a las personas sin hogar. Según la fundación Arrels, en Barcelona, unas 1.195 personas duermen en la calle.
"Esto implica la pérdida de otros derechos. Vivir en la calle no da derecho, por ejemplo, a acceder a la Mesa d'Emergències Socials de Barcelona", explica Ferran Busquets, representante de la fundación Arrels. Destaca la importancia de incluir a este colectivo en este tipo de medidas.
Pide que las personas sin hogar puedan optar a vivienda protegida en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía, así como crear promociones de vivienda específicas para las personas sin hogar, consolidando el modelo de Housing First, instaurado en otros países.
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