El PP recurrirá al Supremo la designación de Delgado como fiscal general que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros

Delgado defiende su nombramiento como Fiscal General del Estado
Delgado defiende su nombramiento como Fiscal General del Estado
Europa Press
Delgado defiende su nombramiento como Fiscal General del Estado

La portavoz del grupo parlamentario popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha afirmado este martes que el PP recurrirá ente el Tribunal Supremo el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado por "no cumplir los criterios de idoneidad, neutralidad e imparcialidad requeridos para el cargo".

En declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces, Álvarez de Toledo se ha referido a la última comparecencia de Delgado en el Congreso y ha subrayado "el grado de odio, animadversión y hostilidad que destila" la exmninistra a "todo lo que no es de su cuerda".

La portavoz parlamentaria, que ha recurrido a la hemeroteca para argumentar sus declaraciones, ha informado a los periodistas que tenía en su haber multitud de frases en su etapa de ministra contra el PP, algo que, en su opinión, "la inhabilita para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado".

Álvarez de Toledo ha insistido en que el nombramiento de Delgado sólo beneficia "al Ejecutivo, a Pedro Sánchez y al separatismo y perjudica a la democracia, al Estado de derecho y al principal partido de la oposición, a quien ha dirigido su animadversión de manera sistemática".

El Consejo de Ministros ha aprobado precisamente este martes el nombramiento de la exministra tras recibir el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y tras su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso.

La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el nombramiento de Delgado, de quien ha destacado su amplia carrera profesional "colmada de méritos".

Delgado asume la dirección de la Fiscalía tras un proceso de designación en el que su elección ha sido cuestionada y criticada por buena parte de los jueces y fiscales y por partidos políticos de la oposición como el PP, Vox o Ciudadanos.

En el caso de sus compañeros y de los jueces, las críticas se centran en su pasado reciente como ministra de Justicia y diputada socialista, dado que entienden que su designación es un mensaje negativo sobre la independencia y autonomía de la Fiscalía respecto al Ejecutivo.

También se dividió el Consejo General del Poder Judicial al avalar su idoneidad con doce votos a favor y siete en contra, al entender que su pasado genera una "apariencia de vinculación" con el Ejecutivo que impide garantizar la imagen de imparcialidad.

Pero la nueva fiscal general no lo entiende así. A su juicio, su pasado es una "fortaleza" y no una "debilidad", según declaró ante en la Comisión de Justicia, donde los parlamentarios de los citados partidos dejaron claro su rechazo tajante a su nombramiento.

Su pasado hará que la fiscal general tenga que estudiar "caso a caso" si debe o no abstenerse en la toma de decisiones sobre asuntos como el "procés" o el caso del excomisario José Villarejo. En cualquier caso, como ella misma planteó en el Congreso son "contadísimos" los asuntos en los que la fiscal general debe intervenir. Y también es un obstáculo para sacar adelante la reforma del proceso penal que, como Gobiernos anteriores, del PP y del PSOE, intentará promover el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para que la instrucción de las causas recaiga en los fiscales y no en los jueces.

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