El Congreso dio este martes luz verde para que comience a tramitarse la reforma que, de ser aprobada, eliminará la capacidad de veto del Senado al techo de gasto y la senda de estabilidad aprobados por el Ejecutivo. La proposición de ley, presentada por el PSOE, recibió el apoyo de Unidas Podemos, pero también de Ciudadanos, PNV, ERC, JxCat EH Bildu, Más País o Compromís.

La iniciativa cuya tramitación se aprobó este martes supondrá, de terminarse ratificando, la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para derogar la normativa que puso en marcha el PP en 2012 –cuando contaba con mayoría absoluta en las dos cámaras– y que obliga a que el techo de gasto y la senda de estabilidad diseñados por el Gobierno sean aprobados tanto por el Congreso como por el Senado. Este procedimiento es una rareza, porque lo habitual es que la Cámara Baja pueda levantar los vetos de la Alta si ésta los establece.

Lo que pretende la reforma es acabar con esta singularidad, y si se pone en marcha, la senda de estabilidad del Gobierno podría ser aprobada por el Congreso aunque el Senado votara en contra. Eso es importante de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, ya que el techo de gasto establece el marco financiero en el que se mueven las cuentas, si bien en esta legislatura el PSOE puede alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara Alta (y, por tanto, sacar adelante el techo de gasto) con las formaciones nacionalistas e independentistas que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez.

Los socialistas defendieron en el pleno de este martes su iniciativa asegurando, en palabras de su diputado Pedro Casares, que la reforma acaba con la "anomalía democrática" que supone que el Senado tenga capacidad de veto, una anomalía que "limita la competencia del Gobierno" a la hora de elaborar los Presupuestos. "Querer invocar al Senado para impedir que se legisle es una forma tramposa de contar la realidad", criticó Casares.

Por el contrario, el portavoz adjunto del grupo parlamentario del PP, Mario Garcés, ha acusado al PSOE de querer "cercenar" las competencias de un Senado en el que "nunca ha creído". "¡Para el PSOE, que el Senado ejerza su función de cámara territorial es una anormalidad!", criticó Garcés, que denunció que los socialistas, a su juicio, orillen a la Cámara Alta en beneficio de "otras pistas", como la mesa de negociación sobre la crisis territorial en Cataluña que se reúne este miércoles.

Los nacionalistas vascos se enredan con las pensiones

Lo que no aprobó este martes el Congreso fue una proposición no de ley para instar al Gobierno a transferir a País Vasco y Navarra las competencias sobre pensiones que aún no les ha cedido y a elevar las pensiones mínimas al 60% del salario medio en España. Ese incremento supondría que la cuantía de estas prestaciones, en el caso de los jubilados sin cónyuges, pasara de los actuales 683 euros a poco más de 800 euros.

La iniciativa relativa a las pensiones -que no comportaba efectos legales, sino solo de presión política al Gobierno- fue presentada por EH Bildu, y su debate terminó abriendo una fisura en el nacionalismo vasco. Los abertzale, poco antes del fin del pleno en el Congreso, afirmaron haber negociado modificaciones en el texto con PSOE y Unidas Podemos para que saliera adelante, y acusaron al PNV de negarse a aceptarlo. Exactamente lo contrario que declaró el propio PNV, que aseguró que su abstención en la iniciativa se debió a que EH Bildu no aceptó "el texto que PNV, PSOE y Unidas Podemos habían consensuado".

El PNV fue muy crítico con el texto de los abertzale, a los que su portavoz, Aitor Esteban, acusó de "poner en cuestión y en riesgo" la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco -"un derecho que ya está en el estatuto", dijo- por debatirla en el Congreso. Los nacionalistas pactaron una modificación del texto con PSOE y Unidas Podemos que no gustó a EH Bildu, que renegoció con las dos formaciones progresistas retoques a esa enmienda. Y ese segundo texto fue el que rechazó el PNV.