ERC y EH Bildu dan luz verde al techo de gasto del Gobierno y allanan el camino para los Presupuestos

Los Presupuestos Generales del Estado no están ni mucho menos aprobados. Pero hoy esas cuentas están un poco más cerca que ayer, ya que el Ejecutivo consiguió este jueves que el Congreso apoyase -con 168 votos a favor y 150 en contra- su senda de estabilidad con la abstención de ERC y EH Bildu, sumada al apoyo de PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias y PRC.

La senda de estabilidad y el techo de gasto tendrán que ir ahora al Senado, donde previsiblemente también saldrán adelante por la mayoría que suman el PSOE y sus socios. Estas cifras son importantes porque son las que establecen el marco financiero en el que se mueven las cuentas y abren el grifo para que el Gobierno pueda incrementar el gasto social, como está suscrito en el pacto de coalición.

El Ejecutivo se ha propuesto aumentar la inversión en un 3,8% con respecto al Presupuesto de 2018, aún vigente, lo que deja un límite de gasto de 127.609 millones de euros. Y ha evitado establecer objetivos de déficit demasiado duros para los próximos años: se aspira a un desequilibrio del 1,8% para este año (frente al 1,1% que se pactó en principio con la UE) y del 1,5%, 1,2% y 0,9% para cada uno de los próximos tres años.

La aprobación del techo de gasto y la senda de estabilidad supone una victoria política para el Gobierno, que ve más cerca la posibilidad de afianzar la estabilidad de la legislatura a través de la aprobación de unos Presupuestos que le permitirían desvincularse de los actuales, diseñados por el PP para 2018 y prorrogados. Y la votación de hoy es un reflejo del buen momento por el que pasan las relaciones del Ejecutivo con los independentistas.

Quien más claramente lo planteó fue ERC, socio necesario para que salgan adelante las cuentas, que felicitó al Gobierno por estar "cumpliendo" con ellos su pacto de investidura "por ahora". "Les daremos margen con nuestro voto", planteó el diputado republicano Joan Margall, que explicó que su abstención no persigue tanto facilitar una senda de estabilidad que no "gusta" a ERC como dar "una oportunidad a la mesa de diálogo" que se reunió este miércoles por primera vez.

Por su parte, el diputado de EH Bildu Oskar Matute sí utilizó argumentos económicos para justificar su abstención, y se centró en rechazar las restricciones de la regla de gasto a los ayuntamientos con superávit. "No gustándonos las políticas económicas emanadas de la UE, creemos que se pueden hacer cosas diferentes", porque "es una anomalía que los ayuntamientos que tienen capacidad para hacerlo" no puedan incrementar el gasto social, planteó.

Esa circunstancia también la criticaron otras formaciones, como Coalición Canaria, PNV, Más País o Compromís. Y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció el problema y prometió la "flexibilización" de la regla de gasto. "Ya desde la pasada legislatura desde el Gobierno estamos interesados en un cambio de la regla fiscal", y aunque "tenemos que ver la implicación que tiene en los entes territoriales", el Ejecutivo es "consciente de las aspiraciones de las comunidades y ayuntamientos con superávit", planteó Montero.

No obstante, el Gobierno no tiene por ahora decidida la fecha en la que presentará su proyecto de Presupuestos. El presidente Pedro Sánchez no quiere dar pasos en falso y su intención es presentarlos solo cuando tenga serias opciones de sacarlos adelante. Y este jueves, Montero fue ambigua: señaló que prevé aprobar las cuentas "a lo largo del verano", lo cual ofrece al Ejecutivo un amplio margen entre junio y septiembre.

El IVA de las comunidades

Sobre lo que no se pronunció la ministra fue acerca de la devolución del IVA a las comunidades autónomas. Y eso que algunos de sus socios, como ERC, le reclamaron expresamente el dinero que, a su juicio, el Estado les debe. "No nos gusta su techo de gasto ni su senda de déficit, como no nos gusta que no paguen lo más de 400 millones que nos deben de IVA" por el cambio del sistema de liquidación en 2017, señaló Margall.

Este asunto es muy polémico en algunas comunidades como Cataluña, Andalucía o Galicia, y partidos de todo signo lo han reclamado en las últimas semanas al Gobierno ese dinero. Pero la ministra Montero, que este jueves no se refirió al IVA, ya dejó claro hace unos días que no tiene intención de efectuar el pago, y eso es lo que llevó a partidos como Junts per Catalunya (JxCat) a votar contra la senda de estabilidad este jueves.

"Estamos dispuestos a hacer política, pero no a bendecir" un techo de gasto y unos Presupuestos que no incluyan la devolución del IVA, sostuvo tras el pleno del Congreso la portavoz de JxCat, Laura Borràs. En el mismo sentido se pronunció su compañero Ferran Bel, que insistió en que su grupo "negoció hasta el final" con el PSOE pero no obtuvo su compromiso de que se devolverá el IVA a las comunidades.

"No quiero pensar que ninguna de las formaciones" que han permitido la aprobación del techo de gasto en el Congreso "vaya a aprobar los Presupuestos sin tener garantizado este pago", dejó caer Bel en una crítica poco velada a ERC, con quien JxCat mantiene una pugna cada vez menos soterrada por la hegemonía del independentismo. Y Borràs fue aún más clara: "No puede ser que haya que mendigar lo que el Gobierno tiene que pagar".

Este mismo miércoles, el PSOE fue el único grupo que votó en contra de una moción en el Senado para reclamar al Gobierno que abone a las comunidades autónomas la liquidación del IVA, que suma unos 3.000 millones de euros. Esa moción fue apoyada por una mayoría muy transversal que incluyó a PP, ERC, EH Bildu y Ciudadanos.

El PP exige a Sánchez que evite "cualquier cesión"

Tras el pleno, el líder del PP, Pablo Casado, realizó una comparecencia sin preguntas en el Congreso en el que reclamó la comparecencia urgente de Sánchez para que explique qué negoció con los independentistas este miércoles y si está dispuesto a aceptar sus exigencias a cambio de su apoyo a las cuentas. "Nunca unos Presupuestos costaron tanto a una democracia", espetó, porque se apoyarán en "los votos de los que quieren romper España".

Casado utilizó su tono más duro contra el presidente y contra la mesa de negociación sobre Cataluña, que tachó de "fraude político", "embuste legal" y "desfalco a la soberanía" apenas un día después de su primera reunión. Y también exigió a Sánchez que descarte "cualquier cesión" al independentismo después de que el PSOE se reuniera el miércoles con EH Bildu para comenzar a sentar las bases de la negociación de los Presupuestos.

En la misma línea, la diputada del PP Elvira Rodríguez criticó durante el debate que el Gobierno, a su juicio, esté más pendiente de los independentistas que de hilvanar unas cuentas serias. "Hay que preocuparse por todos los españoles y por todos los catalanes, no solo por unos cuantos, sin populismo y sin demagogia", apuntó la parlamentaria, mientras Vox, por boca de su diputada Inés Cañizares, hizo una encendida defensa de la "austeridad" entendida como "gastar bien" y calificó la senda de estabilidad como "inadecuada, irresponsable y lesiva".