Según AI, la oposición de algunas comunidades autónomas "representa un obstáculo añadido", ya que la confrontación sobre la asignatura puede impedir una correcta adecuación de los contenidos de la materia, de acuerdo a lo que señalan el Plan de Acción del Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos de la ONU y las recomendaciones del Consejo de Europa.

La organización ha constatado que las normas autonómicas que desarrollan la LOE no han servido para subsanar las carencias que ésta presenta en relación a educación en derechos humanos. Cuatro normas autonómicas de educación (La Rioja, Madrid, Castilla y León, y Murcia) han sido recurridas por el Ministerio de Educación que considera que en ellas se ha suprimido del currículo de la asignatura algunos de los contenidos marcados por la LOE, añade la nota.

Mínimos comunes de cumplimiento

AI considera imprescindible que el Gobierno ponga en marcha una Comisión Nacional de Seguimiento tras la implantación de esta asignatura, con unos mínimos comunes de cumplimiento del Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos (PMEDH).

Recuerda que la asignatura se ha implantado sin atender a las indicaciones del PMEDH en cuanto la formación del profesorado; el seguimiento de la aplicación de los contenidos de la asignatura; y la falta de una evaluación adecuada a las características de esta asignatura.

Destaca la nota de AI que España es uno de los pocos países donde se cursa la asignatura en Primaria, aunque en relación a la carga lectiva asignada a Secundaria, las Comunidades Autónomas siguen manteniéndose por debajo del promedio europeo.