Vía libre para que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, unifique las sedes judiciales de Madrid capital dónde, cómo y cuando quiera.
Así lo ha decidido el Tribunal Supremo, que este martes rechazó los recursos que las compañías OHL y Acciona interpusieron contra una sentencia previa en la que, en el año 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dio la razón a Cristina Cifuentes, que nada más llegar a la Puerta del Sol decidió no seguir adelante con el proyecto de la Ciudad de la Justicia que le dejó en herencia su predecesor, el también ‘popular’ Ignacio González, procesado por el caso Lezo.
En la sentencia dictada ahora por la Sala III de lo Contencioso-Administrativo, el Supremo ratifica el fallo en el que el 3 de noviembre de 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón al Ejecutivo autonómico al declarar como conforme a derecho la orden de 2015 con la que la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía, dirigida entonces por Ángel Garrido (ahora al frente del departamento de Transportes, Movilidad e Infraestructuras), decidía no seguir con el contrato de concesión de obra pública llamado ‘Redacción del proyecto de ejecución, construcción y explotación’ de la Ciudad de la Justicia de Madrid que adjudicó González en sus últimos días de mandato (cuando ya sabía que no repetiría como candidato) a las empresas antes citadas por 1.121 millones de euros y tres décadas.
El sucesor de Esperanza Aguirre intentó así reconducir el proyecto original que nació en 2004 y que, tras más de tres lustros, solo ha visto cómo se levantaba un edificio en forma de donut que iba a albergar el Instituto de Medicina Legal, que al final se ubicará en San Blas. Lo que todavía es una incógnita es si la Comunidad insistirá en esos terrenos para agrupar todas las sedes judiciales como en un principio se planteó.
Preguntada por esto, Ayuso evitó confirmarlo en una rueda de prensa ofrecida este martes en Sol. Más tarde, fuentes de la Consejería de Justicia que dirige Enrique López sí aseguraron que utilizarán las infraestructuras construidas pero dijeron desconocer si serán la sede de la nueva Ciudad de la Justicia de la actual presidenta o si tendrán otra función. "El objetivo es hacer un proyecto racional y eficiente para el que contaremos con todos los actores implicados", señalaron.
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