El estado de alarma que prohíbe el movimiento de ciudadanos por todo el país entrará en vigor este mismo sábado, una vez que el decreto que ha aprobado el Consejo de Ministros se publique en el BOE, esta misma noche. Así lo ha indicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al término de una larga reunión del Gobierno, que se ha prolongado desde las 10.30 a las 18 horas, que ha aprobado un real decreto ley que, en una versión provisional, contemplaba que el estado de alarma entrara en vigor el lunes, 16 de marzo a las 8 horas. Finalmente, este mismo sábado será de obligatoria observancia la restricción del movimiento de los ciudadanos, salvo diversas excepciones, entre ellas, para ir a trabajar, comprar bienes de primera necesidad o cuidar de personas mayores, una población especialmente vulnerable frente el coronavirus. También se lee permitirá para "retornar a su lugar de residencia habitual", en alusión principalmente a los que en los últimos días han abandonado la capital.

Según ha explicado Sánchez, las excepciones a la restricción de movimientos serán para adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. Para evitar situaciones como las que ya se han dado en muchos establecimientos, señala que "se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios".

El Consejo de Ministros extraordinario de este sábado empezó a las 10.30 horas y que ha estado reunido hasta 18 horas, con un receso incluido y también con discrepancias dentro del Ejecutivo debido a la toma de medidas de tipo económico y laboral. 

La reunión del Gobierno, presencial, ha superado las primeras previsiones sobre la hora en la que concluiría. Tras concluir, se ha anunciado la comparecencia del presidente, Pedro Sánchez, para las 20,dos horas después, un plazo que también se ha superado.

Movimientos permitidos

También se permitirá el movimiento en otros supuestos: la asistencia a centros sanitarios; desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial y para que los ciudadanos que se encuentran en otro lugar retornen al lugar de residencia habitual.

Los ciudadanos también podrán salir de sus casas para prestar asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables; desplazamiento a entidades financieras; por causa de fuerza mayor o situación de necesidad, y para realizar cualquier otra actividad de análoga naturaleza debidamente justificada.

Cierre al público

Por el contrario, se amplía a todo el país el cierre al público ya establecido en algunas comunidades autónomas de locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, las instalaciones culturales y artísticas y las actividades deportivas y de ocio recogidos. También "verbenas, desfiles y fiestas populares", igual que cafeterías y restaurantes, aunque podrán prestar servicios de entrega a domicilio.

El decreto también precisa cómo proceder de cara a las celebraciones religiosas, como las que están previstas por todo el país para Semana Santa. La asistencia a los lugares de culto, a ceremonias -también civiles- y funerales estarán condicionadas a que su organización evite aglomeraciones y se garantice que los asistentes puedan estar separados a distancia de "la menos un metro".

Transporte

Para realizar los desplazamientos necesarios para realizar las actividades permitidas, habrá circulación de vehículos particulares y se podrá repostar en gasolineras o estaciones de servicio, aunque el Ministerio del Interior podrá acordar el cierre de la circulación de carreteras o parte de ellas "por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos".

El estado de alarma no supondrá el cierre de fronteras, pero sí restricciones en los servicios de transporte. Así, el transporte público urbano se recortará un 50% y el interurbano de carácter privado quedará reducido a un tercio.

Por el contrario, se mantiene el 100% de los servicios ferroviarios de Cercanías y el transporte marítimo y de ferroviario y regulares de carretera de media distancia quedará reducido a la mitad.

Sánchez ha asegurado además que "el Gobierno garantizará el suministro alimentario en los supermercados y el suministro de energía y electricidad".

Los movimientos permitidos dentro de las restricciones -trabajar, comprar comida o ir al médico- deberán justificarse como causa de fuerza mayor y la Policía y la Guardia Civil podrá intervenir si considera que vulneran los supuestos permitidos. 

Según uno de los artículos del decreto, "los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas, salvo las expresamente exceptuadas. Para ello, podrán dictar las órdenes y prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que se estén llevando a cabo".

El Ministerio del Interior asumirá el mando de todas las policías de España y, por tanto sobre él recaerá la competencia última de velar por el cumplimiento del estado de alarma. Podrá recurrir al Ejército si se considera necesario.

 "Los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales quedarán bajo las ordenes directas del titular del Ministerio de Interior", es decir, del ministro Fernando Grande Marlaska.

Competencias autonómicas y propiedad privada

Las restricciones derivadas del estado de alarma afectarán a todo el país, a pesar de lo cual cada gobierno autonómico conservará sus competencias y podrá "adoptar las medidas que considere necesarias" en la gestión ordinaria de sus servicios. A pesar de ello, el presidente de Cataluña, Quim Torra, se ha mostrado muy crítico con lo que en el mundo independentista se ha considerado este sábado un nuevo 155. Según el president, el lehendakari, Íñigo Urkullu, "coincide" con él.

Por otra parte, el Gobierno se reserva la posibilidad de que las "autoridades competentes" puedan acordar que se practiquen "requisas temporales de todo tipo de bienes" necesarios para el cumplimiento del decreto del estado de alarma. Lo determinarán las autoridades competentes, de oficio o a solicitud de los gobiernos autonómicos y municipales.

Asimismo, "podrá imponerse la realización de prestaciones personales obligatorias imprescindibles para la consecución de los fines de este real decreto", indica el texto en una versión provisional.