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Las sanciones por incumplir las restricciones por el coronavirus pueden llegar a los 600.000 euros

Las medidas que las diferentes administraciones, estatales, autonómicas y locales, están adoptando para frenar la expansión del coronavirus en España son de obligado cumplimiento. Las autoridades recuerdan que infringirlas puede conllevar multas muy cuantiosas.  

Ya el pasado lunes la Delegación de Gobierno en La Rioja confirmó que la Guardia Civil había notificado "oficialmente" la obligatoriedad de respetar el aislamiento domiciliario a los casos confirmados de Covid-19 en Haro. Los agentes advirtieron a estas personas de que de no cumplirlo podrían ser trasladadas a un centro sanitario donde quedarían ingresadas bajo custodia policial y se expondrían a multas de entre 3.000 y hasta 600.000 euros.

El viernes, el Gobierno vasco decretó el estado de emergencia sanitaria y este sábado ha adoptado el cierre de los locales de hostelería, de las sociedades gastronómicas, de los museos y de los centros de día para mayores, entre otros establecimientos. Las medidas entrarán en vigor este domingo y no acatarlas supondrá igualmente una desobediencia a la autoridad y estará sujeto a sanciones administrativas e incluso de "comisión de delitos".

El estado de emergencia sanitaria, recogido en un decreto legislativo que el Parlamento vasco aprobó en 2017, establece que las infracciones muy graves se sancionan con multas que oscilan entre los 30.001 y los 600.000 euros. 

Algo similar ocurre en Cataluña, donde la Ley de Salud Pública de 2009 impone multas de hasta 3.000 euros para las infracciones leves; de entre 3.001 y 60.000 para las graves, y de entre 60.001 y 600.000 euros para las muy graves. La pasada medianoche la Generalitat confinó a los 70.000 habitantes de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena por el aumento del número de fallecidos por el coronavirus y les advirtió de que no respetarlo podría acarrearles tener que pagar hasta 60.000 euros.

En Asturias, los efectivos de la Policía Local se encuentran patrullando las calles de diferentes municipios para garantizar que las medidas derivadas de los decretos se cumplen. En Oviedo por ejemplo, los agentes han propuesto ya para sanción, según la Ley General de Salud Pública y la Ley de Salud del Principado, a más de una veintena de locales de hostelería que se resistieron a cerrar sus puertas. Las sanciones parten de los 3.000 euros.

Otro de los ejemplos es Cantabria. El Ejecutivo regional publicó este viernes una resolución en una edición extraordinaria del boletín oficial con medidas preventivas "de obligado cumplimiento" para frenar la expansión del coronavirus y prevé la imposición de sanciones para quien no las respete.

Y en Castellón, donde se han suspendido las fiestas de la Magdalena, el Ayuntamiento ha alertado de que aquel que celebre eventos multitudinarios o participe en ellos, saltándose así dicha cancelación, será castigado en base a la Ley de Salud de la Comunidad Valenciana. De manera similar que el resto de autonomías, esta establece hasta 600.000 euros de sanción para los casos muy  graves. 

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