El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció este jueves que el Gobierno entregará otros 210 millones de euros a las comunidades autónomas para que los destinen a los servicios públicos dedicados a atender la crisis del coronavirus. Este dinero servirá, entre otras cosas, para sufragar la movilización de en torno a 50.000 sanitarios que, según señaló posteriormente Sanidad, ya están a disposición de las comunidades para que puedan ser contratados.
Estos 50.000 efectivos se distribuyen de la siguiente manera: 7.633 médicos residentes R4 y R5 (de último año de formación) de todas las especialidades que verán prorrogado su contrato; 11.000 médicos y enfermeros con el examen aprobado pero que no tenían plaza; 14.000 médicos y enfermeros jubilados en los dos últimos años y 10.200 estudiantes de Enfermería y 7.000 estudiantes de Medicina de último curso.
El ministro también cifró en un millón y medio el número de mascarillas distribuidas a los hospitales en los últimos días, y aseguró que se está reforzando el mecanismo de compra de este material y que este mismo jueves se han puesto en circulación otras 327.000.
Los 210 millones comprometidos por Illa se suman a los 600 millones ya anunciados en el decreto de medidas económicas aprobado el pasado martes: 300 procedentes de un fondo creado expresamente para reforzar los servicios sociales de comunidades y ayuntamientos y otros 300 que saldrán de permitir a los consistorios -o a las diputaciones provinciales, si las corporaciones locales tuviéron déficit- gastar su superávit acumulado de 2019.
"Medicalizar" las residencias y atender a las personas sin hogar
Con respecto a esas cifras, los 300 millones que pondrá directamente el Estado central servirán fundamentalmente para reforzar los centros de mayores, así como para proporcionar más medios de atención a domicilio para ancianos y para potenciar la asistencia a las personas sin hogar. Así lo anunció el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, al que Illa ha puesto al frente de la coordinación de los servicios sociales de toda España y que aseguró que esta última tarea se llevará a cabo en colaboración con las Fuerzas Armadas.
Según detalló Iglesias, ese dinero debe servir para "medicalizar" las residencias de ancianos que estén en funcionamiento y así reducir los riesgos tanto de los mayores que viven en ellas como de los trabajadores que los atienden, que verán las plantillas reforzadas. No obstante, Illa también apuntó que se elevará la severidad de los protocolos en estos centros y se procederá a "cerrar los que no reúnan las condiciones", así como a "restringir las visitas".
En el caso de la asistencia a las personas sin hogar, se les entregará diariamente un "kit de higiene, alimentación y bebida" y se les tomará la temperatura, además de habilitarse comedores sociales que les proporcionen comida para llevar y grandes espacios para alojarlos dotados de zonas de aislamiento para posibles contagiados.
Iglesias, además, anunció que los servicios sociales han conseguido localizar un total de 19.500 camas distribuidas por edificios de toda España que se pondrán a disposición del sistema sanitario para tratar de descongestionar los hospitales. Estas camas se unirán a la medicalización de algunos hoteles que ya ha comenzado a ponerse en marcha en varias comunidades.
Más medidas en los próximos días
Más allá del desarrollo de las medidas que se aprobaron el martes, sobre lo que versó el grueso de la comparecencia, el vicepresidente segundo Iglesias prometió que el Gobierno pondrá en marcha en los próximos días más medidas. "Lo público no se va a poner de perfil", aseguró el dirigente, que a mediodía se reúne con los ministros de Asuntos Sociales y Trabajo del resto de países de la UE para "escuchar lo que han hecho" en el resto de Estados miembro.
"Nuestro compromiso es seguir trabajando" para poner en marcha "a la máxima brevedad más medidas para proteger a más colectivos", prometió Iglesias. Entre esas medidas se baraja la posibilidad de ampliar a los arrendamientos la moratoria hipotecaria para las personas que vean reducidos sensiblemente sus ingresos por la crisis del coronavirus, una iniciativa que plantea el vicepresidente segundo pero que no gusta a sectores del Gobierno como el liderado por la ministra de Economía, Nadia Calviño.
"Este Gobierno tiene que responder a la necesidad de cualquier persona en situación de vulnerabilidad, y es perfectamente consciente de la situación de mucha gente que se puede ver la situación de no poder pagar el alquiler", aseguró Iglesias, que insistió en que "la Constitución dice que la vivienda es un derecho", y por ende el Ejecutivo va a "buscar las fórmulas para no dejar a ningún ciudadano atrás".
Iglesias, además, defendió la cacerolada convocada anoche coincidiendo con el mensaje del rey para protestar por las supuestas donaciones ilegales recibidas por el rey emérito Juan Carlos I. El vicepresidente aseguró que esas manifestaciones se enmarcan en el derecho a la "libertad de expresión", y aseguró que el Gobierno "siempre va a respetar" a los manifestantes que decidan ejercerlo.
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