La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha instado este miércoles a los gobiernos de los distintos países a reducir la población reclusa y sacar de prisión a los presos “más vulnerables” ante la expansión del nuevo coronavirus, de forma que los mayores y los reos “menos peligrosos” con patologías no estén expuestos.
“Las autoridades deberían examinar la manera de poner en libertad a los individuos especialmente vulnerables al virus, entre otros, a los presos de más edad y los enfermos, así como a los detenidos menos peligrosos”, ha declarado el Alto Comisionado de Naciones Unidas en un comunicado.
Según la ONU, “el Covid-19 ha empezado a propagarse en las prisiones, las cárceles y los centros de detención de migrantes, así como en hospicios y hospitales psiquiátricos” con el consiguiente “riesgo de que arrase con las personas recluidas en esas instituciones, que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad”.
Y es que, ha alertado Bachelet, “en muchos países los centros de reclusión están atestados y en algunos casos lo están de manera peligrosa”, con internos que “se encuentran en condiciones higiénicas deplorables” mientras “los servicios de salud suelen ser deficientes o inexistentes”.
Por tanto, en estas condiciones el “distanciamiento físico” para prevenir la propagación del virus se antoja “prácticamente imposible”. En este sentido, Bachelet ha conminado a las autoridades “a que no olviden a las personas que están encarceladas o recluidas en instalaciones cerradas”, pues “las consecuencias de su abandono podrían ser catastróficas”.
Asimismo, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha asegurado que “ya se han producido brotes y varios fallecimientos en cárceles y otras instituciones en un número creciente de países”, por lo que “las autoridades deberían actuar de inmediato para prevenir nuevas pérdidas de vidas entre los reclusos y los miembros del personal”.
Por último, Bachelet ha señalado la necesidad de que las medidas que se tomen en la crisis sanitaria “no deberían vulnerar los derechos fundamentales de los reclusos” como “su derecho a la alimentación y el agua potable” o a la atención médica.
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