Una de las medidas adoptadas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, publicado por el Gobierno para hacer frente al impacto económico y social del brote de coronavirus ha sido la moratoria hipotecaria para aquellas personas en situación de vulnerabilidad económica.
En este sentido, estas personas que acrediten la situación debido a la crisis del coronavirus pueden solicitar que se suspenda el pago de su hipoteca, incluidos intereses y amortización del capital, durante la vigencia de un mes que puede ser prorrogable.
Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señala que "serán pocos los consumidores que se puedan beneficiar de esta medida, porque los requisitos son muy restrictivos y exige aportar mucha documentación de distintos organismos, y que dadas las circunstancias generadas por la crisis del coronavirus solo se podrán obtener online".
¿Quién puede solicitar este aplazamiento?
El Real Decreto establece cuatro supuestos para poder beneficiarse de esta moratoria, pero el principal problema es que no aclara si se deben cumplir todos o basta con estar en la situación de uno de ellos. En relación con el ERTE, si sería considerado como uno de los supuestos.
- Haberse quedado en paro, en el caso de ser trabajador por cuenta ajena, o haber sufrido una pérdida sustancial de ingresos o ventas, en el caso de ser autónomo.
- Los ingresos de la unidad familiar no pueden superar los 1.612,52 euros. En el caso de menores o mayores de 65 años al cargo de la unidad familiar se amplia ese umbral en 53,74 euros por cada uno. También si se trata de personas con discapacidad o dependencia.
- La cuota hipotecaria, más los gastos y los suministros básicos, tiene que ser igual o superior al 35% de los ingresos netos.
- Que la capacidad económica se haya visto mermada por culpa de esta crisis sanitaria.
¿Qué pasa con las firmas de hipotecas?
El portal inmobiliario Idealista destaca en su web que "la firma de compraventas e hipotecas se paraliza por esta crisis, salvo los casos de urgencia". Del mismo modo, y para garantizar la prestación de servicio público, los notarios y registradores atenderán las consultas telemáticas.
Sin embargo, "insisten en que los ciudadanos no acudan a las notarias ni registros sin cita previa". En relación a la firma de hipotecas, solo atenderán personalmente aquellas solicitudes de grave urgencia. En última instancia serán los propios notarios o registradores quienes dictaminen si es urgente o puede esperar. Además, dadas las restricciones de movilidad, es complicado agilizar estos procesos.
Por su parte, desde Rankia señalan que algunos de sus usuarios "nos han confirmado que sus citas en el notario para la firma de su hipoteca han sido pospuestas o canceladas, por lo que parece que no se está tomando este aspecto como urgente". Además, estiman "una reducción de la compra venta de viviendas y la concesión de hipotecas del 60%".
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