Hacienda quiere usar los 28.000 millones ahorrados por los ayuntamientos para pagar el coste del coronavirus

A medida que avanzan las semanas y la emergencia del coronavirus obliga a hacer más gasto para frenarla y paliar sus consecuencias, el Gobierno no para de buscar recursos financieros para hacerle frente. No solo espera, por ejemplo, la asistencia del BCE o la aún difusa ayuda de la UE. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mira ya mucho más cerca, a los ayuntamientos españoles y los 28.000 millones que en conjunto atesoran en sus cuentas, que el Gobierno quiere que sirvan también para pagar la factura del Covid-19.

La ministra apuntó hace unos días esta posibilidad en una reunión con consejeros autonómicos de Hacienda. Con el Gobierno central y las comunidades autónomas con mucho déficit por recortar, los ayuntamientos aparecen como las administraciones públicas más saneadas del país.Las restricciones presupuestarias que se les impusieron durante la crisis -que en términos generales les impiden usar su superavit más que para reducir deuda- han dado resultado y hoy acumulan un total de 28.000 millones. Con ellos se podría cubrir, por ejemplo, entre una y dos semanas de los costes que está generando el coronavirus en España, entre 10.000 y 20.000 millones, según un estudio del Instituto Ifo publicado este miércoles.

Ante estas necesidades financieras,Montero quiere que los ayuntamientos pongan en manos del Gobierno estos fondos. La ministra considera que en una emergencia como la actual es una circunstancia ideal para "hacer algo" con ese ahorro municipal. Sin embargo, en plena ruptura entre el Gobierno y el PP a cuenta de la gestión de la pandemia, las intenciones de Montero han puesto de acuerdo a ayuntamientos socialistas y populares, que, con un tono distinto, se oponen a transferir todos sus ahorros.

Todo lo contrario, consistorios de todo signo político están empezando a reclamar a Montero que les permita gastar más de los 300 millones que la semana Hacienda le permitió emplear de su superavit para necesidades relacionadas con el coronavirus. Los alcaldes quieren poder tener más recursos para hacer frente a un gasto social ordinario que ha aumentado por la pandemia, como la asistencia a las personas mayores o los menús sociales, pero también para, si tienen acceso a ello, poder hacer sus propias compras de guantes, mascarillas, geles desinfectantes o incluso tests de diagnóstico. 

En su particular tira y afloja financiero con los ayuntamientos, Hacienda no se plantea por el momento levantar la mano y permitirles hacer más gasto que esos 300 millones en total. Según los cálculos que hace el vicesecretario general de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, esa cantidad dividida entre 47 millones de ciudadanos dan una inversión de “como mucho siete euros” durante la crisis, que son “20 céntimos de euro” por persona desde que se declaró el estado de alarma y

El PP denuncia confiscación

El PP ya ha planteado su oposición a los planes del Gobierno en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y acaba de registrar una Proposición no de Ley en el Congreso para obligar al Gobierno a comprometerse con la autonomía financiera de las entidades locales. Denuncia que “el Gobierno está estudiando ‘confiscar’ el superavit generado en 2019 por las entidades locales (5.000 millones de euros) así como los recursos que las mismas tienen en entidades bancarias (28.000 millones de euros) como consecuencia d haber generado superavits desde el año 2012”.

Pasada la crisis de 2008 y en vista de que los ayuntamientos han sido capaces de sanear con creces sus cuentas, hasta disponer de un conjunto de 28.000 millones de los que ahora Hacienda quiere echar mano, el PP reclama al Gobierno en su iniciativa parlamentaria “flexibilizar las reglas para que puedan utilizar sus superavits para implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar contra la pandemia, siempre en coordinación con las comunidades autónomas y el Estado”.

El PP insta al Gobierno a “no utilizar los poderes excepcionales que le confiere el estado de alarma para vulnerar preceptos constitucionales y leyes en vigor” como la de autonomía financiera de los ayuntamientos y le reclama que, en caso de que se plantee modificar las leyes “que afectan a al autonomía, hacienda o estabilidad financiera de las entidades locales”, lo haga pasando por el Congreso.

Ayuntamientos del PSOE, preocupados

El PP ha alzado la voz a través de esta iniciativa parlamentaria, pero entre los ayuntamientos del PSOE también es evidente la intranquilidad. Así lo han trasladado alcaldes socialistas a sus parlamentarios y es una reflexión que también se ha hecho dentro de la FEMP. Allí, su presidente -el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero- y el vicepresidente -el edil popular de Estepona, José María García Urbano- se han conjurado para formar un frente común contra la pretensión del Gobierno de quedarse con sus ahorros.

En realidad, lo que piden los alcaldes, tanto del PSOE como del PP, es justo lo contrario a lo que quiere el Gobierno. En lugar de transferirle sus 28.000 millones, quieren poder disponer ellos de más recursos económicos para afrontar la pandemia.

La semana pasada, el Consejo de Ministros decidió flexibilizar la regla de gasto para que los ayuntamientos pudieran utilizar parte de su superavit para gastos relacionados con el coronavirus. En total, para toda España, el Gobierno les dio permiso para invertir hasta 300 millones, una cifra que los alcaldes consideran insuficiente y piden elevar.

En el PSOE, sus alcaldes ya han empezado a trasladar la petición de que “se abra un poco el abanico” de los gastos a los que puedan dedicar su superavit. Como el PP, piden al Gobierno que flexibilice la regla de gasto e inciden en que no van a construir una plaza de toros o un teatro, sino gastar en necesidades relacionadas con el coronavirus.

Como los socialistas, los populares piden flexibilidad para que los ayuntamientos gasten su dinero y hacerlo ellos mismos, no el Gobierno. “En el PP decimos que una cosa es la solidaridad y otra renuncia a la eficacia y a la eficiencia”, dice García Terol, que pide que se permita “que los ayuntamientos, que conocen mejor que nadie a sus ciudadanos puedan gastar e invertir”.