Hace ya varias semanas que el Gobierno anunció que está preparando lo que llama un "ingreso mínimo vital", una prestación diseñada para garantizar un mínimo mensual de ingresos a todas las familias. Pero, pese a que varios ministros han mostrado su confianza en que se ponga en marcha pronto, la nueva ayuda no se aprobó en el Consejo de Ministros de este martes, un retraso que fuentes próximas al Ejecutivo achacan a la complejidad técnica de un subsidio que vendría a sustituir a muchos de los actualmente activos.

Las fuentes consultadas coinciden en que, a diferencia de lo que ocurrió con las medidas de ayuda para pagar los alquileres o las inversiones públicas para afrontar la crisis del coronavirus, la implantación de una renta mínima no ha generado fuertes roces dentro del Ejecutivo. A ello ayuda que la prestación ya estuviera contemplada en el pacto de coalición PSOE-UnidasPodemos, aunque su puesta en marcha ha tenido que prepararse mucho antes de lo previsto por la crisis del coronavirus.

Fundamentalmente son dos los problemas que están retrasando la aprobación de la medida. En primer lugar, el Gobierno está discutiendo qué prestaciones actualmente vigentes quedarán subsumidas dentro de la renta mínima, que será una ayuda que se ofrecerá para completar los ingresos de las familias que no lleguen a una determinada cantidad. Y, en segundo lugar, se analiza cómo compatibilizar la nueva prestación con las que ya existen en comunidades como País Vasco o Cataluña.

Fuentes del Ministerio de Seguridad Social no descartan que esta ayuda se apruebe ya para la siguiente fase de lucha contra el virus, a la que previsiblemente se entrará en mayo. Eso permitirá al Gobierno negociar con las comunidades y, a la vez, le dará tiempo para seguir presionando en la UE para conseguir más fondos. 

Aún no se ha decidido su cuantía

Todas las fuentes del Ejecutivo consultadas señalan, además, que aún no se ha decidido qué cuantía tendrá la ayuda. El acuerdo de coalición PSOE-Unidas Podemos no ofrece pistas a este respecto. No obstante, el programa de la formación morada planteaba que el Estado garantizara a cada adulto que no pudiera obtenerlos por sí mismo un mínimo de 600 euros, una cuantía que se incrementaría en función del número de miembros del hogar hasta los 1.200 euros. El programa del PSOE, por el contrario, no menciona cifras.

El Gobierno también tiene que afinar, antes de ponerla en marcha, quién va a tener derecho a percibir esta prestación. Las fuentes consultadas explican que es una ayuda pensada para colectivos que "quedan desprotegidos" con las prestaciones puestas en marcha actualmente, y también con las que el Ejecutivo ha aprobado en las últimas semanas: personas a que no cobran paro porque trabajan en la economía sumergida, ancianos sin derecho a pensión o personas que solo pueden contar, por ejemplo, con el subsidio de 440 euros para los empleados temporales que pierdan el trabajo durante la alarma.