La habitual operación salida que se suele producir en estas fechas de vacaciones de Semana Santa, se ha convertido en uno de los principales temas de preocupación de habitantes y autoridades de los municipios turísticos, especialmente los costeros. No es para menos, ya que en muchos de estos lugares, los centros médicos son escasos y tienen poca capacidad, por lo que en caso de que se produjese un brote de coronavirus en el municipio, el colapso de los servicios sanitarios locales sería casi inevitable.
A pesar de la prohibición del Gobierno de salir de casa salvo para determinados escenarios contemplados, muchos ciudadanos han decidido tratar de llegar hasta los municipios donde tienen segundas residencias, esquivando los controles que realiza la Guardia Civil, para de esta manera tratar de disfrutar de las vacaciones, pero como afirma el alcalde de Calafell, Tarragona, Ramón Ferré a 20Minutos, "estamos en una situación de emergencia sanitaria y no de vacaciones".
De esta manera, las decisiones que han tomado desde algunos ayuntamientos ha sido la de implantar medidas de control excepcionales para la situación actual. Estas prácticas se refieren a bloqueos de carreteras por medio de barreras de hormigón, control con drones, vigilancia del consumo de agua y basura de las viviendas, comprobación de matrículas de vehículos o multas en los supermercados a las personas que se reconozca que no viven en el municipio.
Controles y cortes de carreteras
Ante la prevista llegada de viajeros y dueños de segundas residencias a los pueblos, varios municipios han tomado una decisión importante en cuanto al acceso por carretera a los mismos, aquellos que no puedan controlar por falta de personal, quedan bloqueados con barreras de hormigón.
Esta medida un tanto extrema según se mire, viene provocada por la falta de medios locales de muchos municipios, como ocurre en Calafell, pero no quieren que se malinterprete, pues lo hacen por el bien común: "Somos un pueblo turístico de segunda residencia y no queremos insultar a nadie, hay una situación de emergencia sanitaria que es prioritaria. Además, no tiene sentido venir aquí porque esta todo cerrado, lo lógico es quedarse en la primera residencia", afirma su alcalde Ferré.
Además de este pueblo catalán, muchos otros adoptarán estas medidas de contención, aunque algunos contemplan cerrar todas las entradas directamente y mantener una única vigilada, como ya han confirmado que harán en Peñíscola, Málaga, Alcossebre, Alicante, o Rota, Chipiona y Barbate en Cádiz.
Vigilar los consumos de agua y basura
Otra de las medidas que se plantean desde muchos ayuntamientos es la de controlar el consumo de agua de las viviendas, para, de esta manera, detectar que hogares están ocupados y desde cuando, lo cual es una prueba suficiente para ser multado por las autoridades y por consiguiente obligado a regresar a su primera vivienda.
Además, pretenden realizar un control similar con las basuras generadas por los vecinos, especialmente en aquellas viviendas unifamiliares como chalets, que en caso de comiencen a generar residuos sin haberlo hecho desde hace un tiempo, las autoridades serán informadas y con casi total probabilidad se procederá a sancionarles.
Desde San Javier, Murcia, su alcalde José Miguel Luengo advirtió el pasado miércoles a EFE que tomarán estas medias, además de los controles policiales, "no por estigmatizar a nadie", sino para proteger la salud pública. Algo que también comparten también desde Punta Umbría, Huelva y desde Salou, Tarragona, donde procederán con el control de aguas y basuras. Desde Calafell, sin embargo, afirman que "no lo descartan", pero no lo llevan a cabo actualmente.
Drones, matrículas de coche y supermercados
Por último, las medidas más variopintas llevadas a cabo por los ayuntamientos se centran en la comprobación de matrículas de los coches aparcados junto a urbanizaciones de segundas residencias, aparcamientos o supermercados. De esta manera, si detectan una matrícula asignada a una ciudad lejana, las autoridades procederán a contactar con el dueño y previsiblemente ordenarle abandonar el municipio junto con una multa.
Además, los supermercados son los únicos lugares abiertos al público, por lo que también se realizarán controles en las entradas, y como ya ha ocurrido hasta en cinco ocasiones en Tavernes de Valldigna, Valencia, se multará a los que hayan conseguido entrar en el pueblo.
Para la realización de este tipo de labores, al menos desde los ayuntamientos de Gandía, Valencia y Mont Roig del Camp, Tarragona, han decidido implementar la utilización de drones que sobrevolarán el pueblo patrullando y detectando a aquellos foráneos que hayan entrado eludiendo los controles y las obligaciones que exige la ley.
Por último, desde la Guardia Civil han recordado que incumplir las normas tiene serias consecuencias e incluso repercusiones penales en situaciones graves, y ha avisado de que los agentes serán contundentes. Incumplir las restricciones impuestas por el estado de alarma puede acarrear desde multas de 100 euros, que se elevan de 601 euros a 30.000 si la infracción es grave, hasta una pena de tres meses de cárcel si se incurre en un delito de desobediencia y de cuatro años por atentado a la autoridad.
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