El Parlament de Catalunya ha aprobado, con el apoyo de PSC, ERC, ICV-EUiA y Ciutadans y tras cuatro años de debates, el proyecto de ley de la Oficina Antifraude de Catalunya, un organismo pionero entre las comunidades autónomas que se encargará de prevenir e investigar posibles casos de corrupción. CiU y PPC han votado en contra de la ley por considerar que este organismo se solapará con las funciones de la Sindicatura de Cuentas y que en la práctica será inútil.
Según la ley aprobada, la Oficina Antifraude
podrá investigar a las universidades públicas, a la administración de la Generalitat, a los entes locales, a los organismos, entidades y empresas públicas que dependen de ellas, e incluso la actividad administrativa del Parlament.
La Oficina
estará "adscrita al Parlamento catalán", actuará "con independencia" de las administraciones públicas y su director será propuesto por el presidente catalán pero deberá ser elegido en el Parlament por una mayoría de tres quintos (81 diputados sobre 135).
El director de la oficina antifraude será elegido
por un mandato de nueve años sin posibilidad de ser renovado, y su cargo será incompatible con pertenecer a entidades sin ánimo de lucro o ejercer en activo las carreras judicial y fiscal, entre otros impedimentos.
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