El Gobierno no aclara si se pueden usar ahora las zonas comunes de las fincas con los niños: "Es un riesgo enorme"

Fotografía de archivo de un edificio.
Fotografía de archivo de un edificio.
GUSTAVO CUEVAS / EFE
Fotografía de archivo de un edificio.

La crisis del coronavirus está poniendo a prueba a la población en muchos sentidos. Económicamente, gobierna una alarmante incertidumbre. En el ámbito sanitario, se va mejorando poco a poco, pese a que la cifra de muertos diarios supera aún los 400 fallecidos. Pero dentro de este contexto, hace apenas unos días el Gobierno anunció una buena noticia para un sector de la población, los niños. Serán los primeros beneficiados y podrán salir de casa.

Sin embargo, desde el ejecutivo han transmitido una sensación de no tener claro cómo concretar esta medida. En primer lugar, -y ante la expectación que genera la primera medida de desescalada- afirmaron que solamente podrían salir a acompañar a sus padres a comprar. Tras una oleada de críticas por parte de todos los sectores, rectificaron y comunicaron finalmente podrán dar paseos de hasta una hora, sin jugar en parques, y que no podrán entrar en los supermercados o establecimientos cerrados. 

Esta rectificación alivió a muchos y fue aplaudida, pero poco más de 24 horas después ha surgido una nueva controversia. El miércoles 22 de abril el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa envió un comunicado a los Colegios de Administradores de Fincas advirtiéndoles de que las zonas comunes de las casas seguían sin poder utilizarse. Sin embargo, el jueves 23 el vicepresidente segundo Pablo Iglesias contradice el comunicado diciendo en rueda de prensa que deberá ser cada comunidad de vecinos la que determine que zonas pueden utilizarse. 

Los administradores de fincas no entienden la contradicción y solicitan aclaraciones inmediatas. "Ayer recibimos una carta que dice que no se pueden utilizar de ninguna manera las zonas comunes del edifico y hoy hay unas declaraciones que dicen lo contrario", cuenta a 20Minutos Alejandro Pestaña, presidente del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla. 

Sin juntas de vecinos y sin criterios comunes, "el riesgo es enorme"

La situación es confusa y recuerdan que ellos son "meros ejecutores de la norma". Además, creen que es una imprudencia dejar en manos de las comunidades de vecinos determinar que zonas comunes se pueden usar y cuales no, porque legalmente no pueden celebrarse juntas de vecinos telemáticamente y además cada comunidad usaría unos criterios distintos para garantizar la seguridad. 

"No se puede de ninguna manera dejar al criterio de cada comunidad de propietarios cual ha de ser el uso de los elementos comunes. Primero porque no puede haber juntas de vecinos con validez legal, y lo segundo y principal es porque porque no hay criterios sanitarios seguros y comunes, así que el riesgo es enorme", afirma Pestaña. 

En un escrito dirigido al Gobierno, han dejado claras sus intenciones de colaborar por el bien comun y proteger a todos los vecinos. "Les ofrecemos toda nuestra colaboración para que se elabore un protocolo de actuación que ofrezca todas las garantías sanitarias para que los menores puedan salir". 

Esperan una aclaración del ejecutivo que unifique las normas

Respecto a la opinión que tienen sobre qué ha podido pasar en el Gobierno, no buscan culpables sino soluciones: "Imagino que con buena intención se ha respondido, por parte del vicepresidente, a las cuestiones de la prensa, pero sin ser tampoco su especialidad y quizá no se ha tenido en cuenta todas las consecuencias que tiene este asunto", explica Pestaña. 

En cuanto al papel que juega el administrador de fincas en esta crisis, el presidente del Colegio cuenta que les han "empoderado" ahora al meter a todas las personas en sus casas y que esto ha provocado que se tengan que ocupar de 47 millones de vecinos, cuando existen actualmente 15 mil trabajadores. Además, añade que la Ley de Propiedad Horizontal estima que, en caso de una emergencia como la actual, las decisiones son tomadas por los administradores, pero sin unos criterios únicos que sean aplicables "no se puede de ninguna manera". 

Por último, afirman que se sienten desprotegidos y piden que la respuesta sea inmediata y con tiempo para reaccionar: "Sentimos actualmente una indefensión. Además de las diferentes versiones dadas, un problema es que la publicación de los decretos está siendo con poco tiempo de reacción. Nosotros cuando se emite tenemos que interpretarlo, conocer su marco jurídico, analizar pros y contras, elaborar un comunicado conjunto para todos los colegios y los colegiados, y estos contactar con el presidente de cada comunidad. Es un proceso más complejo de lo que parece", concluye Pestaña.

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