La elaboración del plan de desescalada en el que el Gobierno ha estado trabajando un mes ha terminado siendo un pulso entre las prisas por normalizar la actividad económica y social lo antes posibles que defendían la vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera y la cautela y la calma que le reclamaban los expertos sanitarios. El resultado final de este martes indica que, al menos en un aspecto han ganado las primeras, dado que se ha fijado una fecha prevista para la llegada de la “nueva normalidad”, a finales de junio, que este lunes no figuraba en los documentos que circulaban con Moncloa.

Finalmente, el presidente ha anunciado un plan de desescalada en cuatro fases que debe durar entre seis y ocho semanas para alumbrar la “nueva normalidad” a “finales de junio”. Cada territorio transitará desde la fase 0 a la fase 3 en un tiempo deseado de 15 días. Son todo metas temporales que este lunes no se contemplaban. Su plasmación en la versión definitiva obedece, apuntan en el Gobierno, a una victoria de Calviño y Ribera frente a quien apostaba por acometer la transición sin la presión de las fechas.

El “Plan para la transición a la nueva normalidad” en un cronograma para la reapertura progresiva y asimétrica de la actividad tras la emergencia sanitaria por el coronavirus, pero también una barra de equilibrio en la que Pedro Sánchez ha intentando no caer a ninguna de las dos visiones que se han evidenciado sobre cómo habría que acometer la transición: por una parte, la urgencia con la que Calviño y apremiaban a reabrir la economía. Por la otra, la cautela y la calma que le reclamaban los expertos sanitarios.

El resultado es un proceso con cuatro fases con fechas no previstas en principio, que fija el orden en el que se irá recuperando la normalidad y bajo qué criterios. Si bien el presidente ha insistido durante toda la crisis que no iba a elegir entre salud y economía, al final, no ha podido zafarse de esta disyuntiva. En esta ocasión, el debate no se ha dado ya tanto entre socios de la coalición o entre unos ministros y otros, sino entre políticos y científicos. Fuentes cercanas al presidente aseguran que Sánchez ha escuchado a todos y consideran que ha conseguido el equilibrio.

Una vez más, Calviño ha desempeñado su papel de guardiana de la ortodoxia económica. De la misma manera que hace semanas fue la más reticente a parar toda actividad económica no esencial, ha defendido ahora que la reapertura fuera más rápida y más de golpe. Calviño no forma parte del llamado “grupo de desescalada” que lleva semanas diseñando el plan, pero comparte postura con quien lo encabeza, la vicepresidenta Ribera.

En el otro extremo se han situado los expertos del Ministerio de Sanidad con los que el presidente despacha todos los días. Ellos han apostado en todo momento por la contención para que la reapertura no sea demasiado precipitada.

Presión autonómica

Además de las presiones dentro y en torno al grupo de desescalada, Sánchez ha afrontado presiones desde otras direcciones. Una de ellas, directa desde los gobiernos autonómicos, algunos de los cuales empezaron a diseñar y publicitar sus planes de desescalada y, en algunos casos, exigir al Gobierno vía libre para conducir un proceso que ni siquiera será a nivel autonómico.

La orden de Sánchez en toda la crisis es la de evitar entrar en polémica con los presidentes autonómicos, por graves que en su equipo consideren que han sido las afrentas por parte, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid o de Andalucía por lo que respecta a los datos de contagios o a la llegada del material sanitario en los peores días.

Sin embargo, las prisas por reabrir la actividad no han llegado solo por parte de comunidades gobernadas por el PP. Canarias y Baleares, ambas de signo socialista, hicieron mucho ruido hasta hace días reclamar salir antes del desconfinamiento, por la baja presencia del Covid-19 en sus territorios y por su condición de insularidad, algo que en parte finalmente han conseguido para La Graciosa, la Gomera, el Hierro y Fuerteventura, que entrarán directamente en Fase 1 y no 0.

En el otro extremo, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha sido uno de los más cautos a la hora de exigir la desescalada, a pesar de que su comunidad tampoco ha sido especialmente golpeada por la pandemia. “Sería un disparate que fuese una carrera para ver quién llega primero. Avanzamos a buen paso con todas las precauciones del mundo, no vayamos a tropezar y volver atrás”, dijo el dirigente extremeño tras la última reunión de los presidentes autonómicos y Sánchez, este domingo.

Esta última reunión, no obstante, es donde desde Moncloa apuntan que se notó un cambio de tercio de los presidentes, que confían que hayan abandonado la carrera hacia el desconfinamiento para centrarse en cumplir los criterios que permitan en sus territorios ir pasando fases del plan de desescalada.