La crisis del coronavirus marcará este viernes la jornada festiva del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. La pandemia se ha llevado por delante de momento unos 900.000 puestos de trabajo en España mientras que la tasa de paro ha subido al 14,4%, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada. Y todo en ello sin contar los miles de Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) que han puesto en marcha gran parte de las empresas de nuestro país ante la falta de actividad económica.
El impacto sobre el mercado laboral ha sido tan fuerte que en la actualidad se plantean muchas dudas y pocas certidumbres acerca del futuro de miles de empleos y empresas.
En un día tan señalado, los sindicatos no podrán tomar este año las calles de nuestro país para reivindicar mejoras en los derechos de los trabajadores debido al confinamiento impuesto para evitar la propagación del COVID-19. Sí habrá una protesta virtual en las redes sociales para lanzar reivindicaciones laborales y sociales.
Pero sobre el tablero de los trabajadores hay una pregunta clara: ¿qué va a pasar ahora con las mejoras prometidas por el Gobierno como nuevas subidas en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o la modificación de las reformas laborales?
Los representantes de los trabajadores tiran de discurso aprendido. "No nos vamos a olvidar de la precariedad laboral como principal campo de batalla cuando salgamos de esta crisis sanitaria", ha insistido estos días el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Su homólogo en UGT, Pepe Álvarez, ha apostado por "trabajar para mantener una red de derechos desde el principio, para garantizar que nadie se quede en el camino".
"Tendremos que negociar un nuevo ERTE"
Pero a pie de calle, todo lo anterior suena un poco a ciencia ficción. "Estamos en una situación bastante complicada", explica Hilario Pinilla, empleado del Hotel Madrid Centro, perteneciente a la cadena Meliá. "En nuestro caso, los hoteles estamos sujetos a un bloqueo que al final repercute sobre la actividad. Todo el proceso de desescalada nos va a perjudicar porque no va a haber movilidad y será más difícil que la gente se aloje en nuestros establecimientos", asegura.
Los hoteles podrán abrir ya el próximo 11 de mayo, pero con las actuales restricciones no será rentable. "Probablemente tendremos que negociar con las empresa un nuevo ERTE una vez pase el estado de alarma", asegura Pinilla, de 60 años, que cree que esta herramienta será fundamental en el futuro para que no haya despidos masivos. Respecto a nuevas subidas en el salario mínimo se muestra pesimista: "Será muy complicado porque la economía está paralizada y va a sufrir mucho". El actual Gobierno ha elevado el SMI hasta 950 euros mensuales y preveía llegar a los 1.200 al final de la legislatura.
Sí cree, en cambio, que sería factible modificar las reformas laborales para, por ejemplo, equiparar los convenios de los trabajadores de un mismo sector: "No puede ser que una camarera de piso que viene de una subcontrata cobre 700 euros y una compañera suya que esté contratada por el hotel tenga un sueldo de 1.200 euros".
Las principales organizaciones empresariales (CEOE y CEPYME), por su parte, consideran imprescindible que el Gobierno anuncie nuevas medidas de choque y que es urgente que se apruebe una flexibilización de los ERTE para paliar la crisis económica.
"Buscamos nuevas fórmulas para atraer al cliente"
En Cádiz, una de las capitales española más castigadas por el desempleo, coinciden con este análisis. "Las nuevas medidas económicas deben llegar cuanto antes. Hay que alargar los ERTE hasta que los negocios se recuperen", señala Sergio Sánchez, responsable administrativo de Motos Payán, una pyme familiar con gran arraigo en la ciudad.
Sánchez asegura que "tras dos años buenos" esta empresa de venta y reparación de motos se disponía a implantar nuevos métodos de negocio que se han visto paralizados por la crisis del coronavirus.
"El desconfinamiento nos ha pillado en plena implantación", dice este gaditano de 40 años, consciente de que en la "nueva normalidad" anunciada por el Gobierno habrá que darle una vuelta al negocio. "Estamos buscando nuevos métodos y fórmulas para atraer otra vez al cliente, que después de esta crisis ha cambiado".
Sánchez confía en la fortaleza de una "empresa muy familiar" con "muy buen ambiente" y que cuenta con el sello de calidad que le otorga ser uno de los dos concesionarios oficiales de Yamaha que hay en la provincia de Cádiz. "Estamos respaldados por Yamaha, que es un referente en el sector. Si pudimos aguantar la crisis de 2008, tenemos capacidad para superar esto", sostiene.
Y manda un mensaje de optimismo para sus 13 trabajadores, que ahora se encuentran en un ERTE: "Nuestra responsabilidad es mantener todos los puestos de trabajo. Asumimos que quizá este año no se haya beneficios, pero todo irá mejor en 2021".
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